El ex ministro Julio De Vido quedó imputado por el caso del barco fantasma de Gas Natural Licuado (GNL) contratado por la empresa estatal de energía Enarsa a una firma fantasma, como reveló PERFIL en diciembre. El ex funcionario y actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires será investigado por decisión del fiscal federal Carlos Rívolo por presunto fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionario público.
El fiscal también imputó al ex secretario de Energía Exequiel Espinoza y al ex gerente de Operaciones y Nuevos Negocios de Enarsa Rubén Etcheverry, quien firmó el polémico contrato. Rívolo no descarta que se sumen más imputados ante el avance del expediente. El ex ministro menemista Roberto Dromi también está en la mira por este negocio.
Este medio publicó que Enarsa, bajo el mando de De Vido y Espinoza, firmó en agosto de 2008 un contrato con la firma española Contrater Consulting, una compañía sin antecedentes en el sector energético, dedicada a la venta de hornos e intimada por el Registro Comercial de Madrid por su situación irregular. El contrato era para adquirir un barco de GNL de Rusia que nunca llegó.
Los documentos bancarios a los que accedió PERFIL demuestran que el contrato implicaba un pago por US$ 57,3 millones autorizado por Enarsa para ser transferido desde el banco Macro a una cuenta en Suiza. Además, el contrato incluía un adelanto de US$ 2,5 millones que nadie sabe explicar dónde terminaron. Tras los artículos de PERFIL, el abogado Ricardo Monner Sans denunció el hecho ante la Justicia federal y el caso quedó asignado al juez federal Sergio Torres.
Rívolo pidió incorporar a la causa el contrato celebrado el 5 de agosto de 2008 entre las autoridades de Enarsa y la firma española. Pero también pidió la addenda del contrato que se firmó dos meses después cuando Enarsa hace que los Dromi “compren” el contrato a la firma española a través de sus empresas Dysan y Diligentia.
El fiscal también solicitó documentación y extractos bancarios que reflejen los pagos realizados por Enarsa tanto a la española Contrater Consulting como a las herederas del contrato, Dilligentia y Dysan, también con sedes en Madrid.
Nicolás Dromi, titular de Diligentia, admitió a este diario que a pesar de ser quien compró a Contrater Consulting el contrato millonario de Enarsa para importar GNL desde Rusia, no sabe quién está detrás de esa firma española, ni qué antecedentes tenía para ganar un contrato de US$ 57,3 millones. Su propia empresa tampoco tenía antecedentes en el negocio del GNL y eso es objeto de investigación de otra causa a cargo de Claudio Bonadio.
El fiscal también investigará a las empresas de la familia Dromi y busca probar sus relaciones con el gobierno: si realmente estuvieron de los dos lados del mostrador, como proveedoras del Estado argentino y como representantes de las exportadoras de gas. Bonadio investiga el período a partir de 2009. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, ya presentó ante Bonadio copia de los documentos revelados por PERFIL. Ahora, el juez Torres y Bonadio deberán ponerse de acuerdo en quién seguirá al mando del caso.
La fiscalía pidió los balances de Enarsa, Dilligentia y Dysan, que deberán ser entregados por la Inspección General de Justicia (IGJ). Allí deberían estar registrados todos los movimientos contables de estas compañías y cómo se plasmó allí este negocio. Rívolo pidió al juez Torres que libre un exhorto a España para obtener todos los datos registrados sobre esta firma y sus autoridades.
Hay dos organismos de control que tienen –o deberían tener– informes clave sobre cómo Enarsa manejó millones de dólares durante 2008 y 2009: la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Esos organismos deberán remitir a la Justicia todos los informes sobre compras y contrataciones que Enarsa haya realizado en esas fechas clave, cuando comenzó a planearse la primera importación de GNL.
