Tras ser denunciados ante la Justicia a raiz de una investigación de la revista Noticias, tres de los cuatro secretarios privados de la presidenta Cristina Fernández quedaron ayer imputados formalmente por posible enriquecimiento ilícito en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadío, según señala el sitio Política y Pelotas.
Se trata de Isidro Bounine, Héctor Daniel Muñoz y Julián Alvarez, cuyo patrimonio experimentó un notable crecimiento que ahora, luego de imputarlos el fiscal federal Guillermo Marijuán, deberá investigar el juez Bonadío tal como ya lo venía haciendo con los bienes del otro secretario de Cristina, Fabián Gutiérrez.
Concretamente, el fiscal pidió al juez que libre una serie de oficios a distintas dependencias públicas de control con el fin de obtener datos concretos, como por ejemplo los asentados en las declaraciones patrimoniales juradas de los tres imputados ante la Oficina Anticorrupción.
También de acuerdo con la solicitud de Marijuán, deberán remitir al juzgado información sobre Bounine, Muñoz y Alvarez la AFIP, la ANSES, el Registro de la Propiedad Automotor y el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de Santa Cruz. Estas últimas oficinas deberán remitir todo lo referente a las lujosas propiedades que tienen los funcionarios.
De dar curso Bonadío a la solicitud del fiscal como es esperable, asimismo, el juez federal de Santa Cruz deberá realizar una inspección ocular en los terrenos y casa que tienen los secretarios en esa provincia, así como el de Mar de las Pampas tendrá que hacer lo mismo con un predio que Muñoz tiene declarado en esa zona.
Pero no terminan allí las diligencias pedidas por Marijuán, que además quiere que la Inspección General de Justicia informe sobre las sociedades en que tiene participación Muñoz y que sean enviados al juzgado los legajos personales de los tres secretarios privados de la Presidenta.
