La mayoría de los ministros de la Corte Suprema teme que la semana próxima, cuando se traten en el Senado los últimos proyectos de la reforma judicial, una incorporación de último momento vuelva a sacarles el manejo de los recursos para su administración y la vuelva dependiente del Consejo de la Magistratura.
Según dejaron trascender, no están conformes con las últimas modificaciones. Creen que son insuficientes y que no respetaron el acuerdo que habían alcanzado el titular del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y la presidente Cristina Fernández.Por ejemplo, en la Corte entienden que los proyectos permitirían al Ministerio de Economía hacer uso de los ahorros presupuestarios de la Corte que ascienden a unos $ 5 mil millones y transformarlos en bonos.
En la última reunión de los miembros de la Corte, Lorenzetti prometió a sus pares que mientras estuviera en el cargo la reforma “no va a pasar, y si pasa me voy”.
El rechazo a la iniciativa del Gobierno aglutina a la mayor parte del tribunal, al igual que al grueso de los camaristas y fiscales federales.
En tanto, en el Consejo de la Magistratura el oficialismo prepara su revancha contra los camaristas del fuero Civil y Comercial que fallaron hace dos semanas por la inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la Ley de Medios.
Los camaristas enfrentan una denuncia en el Consejo y el oficialismo analiza reunir a la Comisión de Acusación y Disciplina el próximo 16 de mayo para tomarles declaración a los jueces Ricardo Guarinoni, Francisco de las Carreras y Ricardo Recondo, entre otros.
Fuentes judiciales informaron que desde el anuncio de la reforma judicial, Lorenzetti ha recibido a jueces federales de Comodoro Py, camaristas y magistrados de todo el país preocupados por lo que vislumbran como una politización del Consejo. Y sospechan que el Gobierno prepara un contraataque que ponga bajo la lupa las licitaciones de la Corte.