desde Córdoba
La gestión del intendente de Córdoba, Ramón Mestre, está más complicada. Tras pedirles la renuncia a todos sus funcionarios, luego de que varios fueran mencionados en la causa de la financiera CBI acusados de recibir coimas mediante un arreglo con la empresa Siemens, un nuevo frente de conflicto parece alcanzar a su administración. Ahora las acusaciones giran en torno a la recepción de dádivas por parte de la plana mayor de la Municipalidad. El Frente Cívico fue el encargado de denunciar a Mestre, a su ex secretario privado Juan Pablo Ostanelli y al viceintendente Marcelo Cossar, luego de que éste último admitiera públicamente que participaron de la fiesta por el 50° aniversario de la empresa correntina Ersa, licenciataria en Córdoba del servicio de transporte y parte de la recolección de residuos, con traslados en un avión perteneciente a Astori Estructuras (también proveedora del Estado) y con todos los gastos pagos por parte de la compañía. Tras una posterior desmentida por parte de la Municipalidad, esta semana fue la propia Justicia la que tomó cartas en el asunto y realizó diversos allanamientos tanto en Córdoba como en Corrientes. El fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco, allanó las oficinas de Ersa en ambas provincias y se analizaron papeles y computadoras de la empresa.
Ersa es la abreviatura de Empresa Romero Sociedad Anónima, en referencia a su titular, Juan Carlos Romero, quien en Córdoba comanda dos importantes corredores de transporte urbano y también es uno de los propietarios de la empresa Lusa, que tiene la concesión de la recolección de residuos en una zona de la ciudad. También opera en Resistencia (Chaco), Santiago del Estero, Paraná (Entre Ríos), Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Romero es cercano a la familia Mestre, desde que el ex gobernador fallecido, Ramón Bautista Mestre, padre del actual intendente, fue interventor radical en Corrientes entre 1999 y 2001.
El delito de dádivas, que contempla una pena de hasta dos años más inhabilitación por seis años para ocupar cargos públicos, es el mismo por el cual fue imputado Ricardo Jaime, acusado de volar en aviones pagados por quien debía controlar como secretario de Transporte.
