La investigación sobre el presunto lavado de dinero y fuga de capitales que involucra al empresario Lázaro Báez tendrá su correlato judicial en Uruguay.
La jueza especializada en crimen organizado, Adriana de los Santos y el fiscal antimafia Juan Gómez decidieron hacer lugar a la denuncia que la semana pasado radicaron los diputados argentinos Manuel Garrido y Graciela Ocaña, según informó el diario uruguayo El País.
Ambos legisladores solicitaron al tribunal que se investigue la presunta existencia de "una serie de sociedades, dos uruguayas y el resto con sucursal en Uruguay", que pertenecerían a Báez o allegados a ese empresario y que, al mismo tiempo, también analice "los vuelos ingresados al país (limítrofe) provenientes de Buenos Aires".
