POLITICA

Isabel depende de Cristina

Las posibles investigaciones desencadenarían un reclamo en relación a los crímenes de Montoneros. El peronismo nunca investigó el período 1973-1976.

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La posibilidad de que vuelvan a moverse las causas judiciales contra la ex presidenta Isabel Perón parece depender del vértice del gobierno nacional, que casualmente es ocupado por otra mujer, Cristina de Kirchner, que hasta ahora no ha decidido impulsar una investigación sobre la violencia política antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

En realidad, el kirchnerismo sigue en este tema una política definida por el primer gobierno del retorno a la democracia, el del radical Raúl Alfonsín, que se ha mantenido inalterable: circunscribir las violaciones a los derechos humanos a la dictadura, entre 1976 y 1983. Del periodo anterior, no se habla para conveniencia de todos, del peronismo en primer lugar.

Y eso que en 1975, el año anterior al golpe, murieron 1065 personas por razones políticas, asesinadas por grupos de derecha y de izquierda.

En general, se piensa que Alfonsín limitó las investigaciones sobre nuestro pasado violento a la dictadura por una razón práctica: el peronismo controlaba el Senado.

El peronismo, por su lado, nunca quiso investigar qué hicieron en ese campo sus gobiernos constitucionales entre 1973 y 1976. No lo quiso Carlos Menem ni Eduardo Duhalde ni los Kirchner, en este último caso probablemente porque la puesta bajo la lupa de Isabel y de la Triple A podría desencadenar un reclamo similar con relación a los crímenes de Montoneros.

A Isabel Perón le tocó suceder a su marido, Juan Perón, quien murió el 1º de julio de 1974. A partir de ese momento, la violencia política aumentó notablemente. Por un lado, la Triple A, apañada por el hombre fuerte del gobierno, el ministro José López Rega, "firmó" su primer asesinato (el diputado Rodolfo Ortega Peña) un mes después de la muerte de Perón. Por el otro, Montoneros mantenía un pie en la legalidad y otro en la clandestinidad: había asesinado al líder sindical José Ignacio Rucci y al político radical Arturo Mor Roig. El 6 de septiembre de 1974, la guerrilla peronista anunció su retorno a la lucha armada. El otro grupo guerrillero importante, el ERP, trotskista, nunca había abandonado la lucha armada, ni siquiera luego del triunfo peronista del 11 de marzo de 1973, y en marzo de 1974, en pleno gobierno de Perón, había instalado un foco rural en Tucumán, desde donde aspiraba a "liberar" un pedazo del territorio argentino para ser reconocido como una fuerza beligerante por organismos internacionales.

El decreto de enero de 1975 firmado por Isabel Perón delegó en las Fuerzas Armadas la lucha contra el ERP en Tucumán. Sin control por parte del gobierno, los militares pronto sobrepasaron la autoridad del gobernador electo, que era peronista, y violaron los derechos humanos de centenares de sospechosos detenidos, muchos de los cuales terminaron desaparecidos.

(*) Periodista, autor de "Operación Primicia".