La causa por presunto lavado de dinero y evasión previsional contra el secretario general de la CGT oficial, Antonio Caló, puso a la AFIP otra vez bajo la mira de la Justicia. En el juzgado en lo Penal Tributario número 1 no consiguen que el organismo eleve un informe que podría comprometer al líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y su gremio.
El juez Javier López Biscayart investiga una denuncia de un “colaborador” del sindicato durante la era de Lorenzo Miguel, quien denunció a la UOM –y a su líder, Antonio Caló– por una supuesta deuda de 14 millones de pesos en aportes patronales, ya que declaró que sus “servicios” fueron pagados en negro durante 26 años. El denunciante es el abogado Segundo Pantaleón Córdoba, descubierto el 2 de agosto de 2011, en la terminal de Buquebus, intentando sacar del país 800 mil dólares en negro. Cuando las autoridades lo retuvieron, primero afirmó que los dólares eran suyos y después intentó justificar parte de su origen con la venta de propiedades. Más tarde, denunció que tenían un origen irregular: serían fondos de los afiliados que todos los meses le entregaba el sindicato de los metalúrgicos en concepto de seguro de sepelio y de vida. También denunció a la UOM por no haberle pagado los aportes patronales por sus “servicios”.
En el marco de la investigación, el magistrado solicitó al fisco que le enviara un informe en donde la AFIP evaluara si el sindicato incumplió el artículo 7 de la Ley de Evasión Previsional.
El artículo 7 establece que “será reprimido con prisión de dos a seis años el obligado, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere parcial o totalmente el pago de aportes” por más de 20 mil pesos por período.
El organismo le envió un informe de acuerdo con el artículo 9 de la misma ley. El juez contestó que se trataba de otro delito ya que el artículo 9 no contempla la evasión, y que el informe no coincide con lo que está investigando. Pidió una rectificación del fisco y en respuesta recibió otro informe con el mismo análisis que el anterior. En el juzgado no encuentran una razón valedera para el comportamiento del fisco y creen que intentan dilatar la causa o beneficiar a Caló. En el artículo 9 no se evalúa si hubo evasión, sino el delito de no depositar a tiempo los aportes.
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, tiene además un público enfrentamiento con el juez de la causa, a quien denunció por establecer que no había delito de evasión en la compraventa tercerizada de jugadores de fútbol. Es el mismo juez que investigó el caso Skanska, primer escándalo de corrupción de la era K.
Biscayart decidió citar al funcionario responsable del área a brindar explicaciones, y el sabueso debió presentarse la semana pasada en una audiencia ante el magistrado. Fuentes de la causa aseguraron que el juez no quedó satisfecho con la explicación del funcionario.
