POLITICA
Beijing 2008

La antorcha olímpica le da a Cristina la posibilidad de demostrar si es coherente con los derechos humanos

La "presidenta de los DDHH" no ha dicho nada sobre la situación en China, a pesar del repudio de líderes en todo el mundo ¿Qué espera?

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| Cedoc

La llegada de la antorcha olímpica a Buenos Aires le ofrece a Cristina Fernández una excelente oportunidad para dar a conocer de una buena vez qué postura diplomática tomará su  Gobierno respecto a los Juegos Olímpicos de Beijing, los más politizados desde Los Angeles 1984.

Beijing 2008 presenta un dilema para Cristina Fernández. Desde que es presidenta, la lideresa ha demostrado una clara disposición por llevar la política de derechos humanos kirchnerista del plano nacional al internacional.

Lo hizo en la Cumbre de Río al "explicarle" al colombiano Álvaro Uribe que los derechos individuales están por encima del derecho de soberanía y tiempo antes lo había demostrado con mayor contundencia aún al "retar" en Buenos Aires a Teodoro Obiang, el presidente de Guinea Ecuatorial.

Fue con Obiang que Fernández se jugó a mostrarse al mundo, y no sólo al público de cabotaje, como abanderada de los derechos humanos. Queda por verse hasta donde quiere sostener esa imagen. Una cosa es retar al presidente de Guinea Ecuatorial y otra muy distinta es criticar a una super-potencia.

El “dilema chino” no lo enfrenta sólo Cristina Fernández. Lo enfrentan también mandatarios mucho más importantes a escala internacional. Esta semana, por ejemplo, George Bush, nunca conocido como paladín de los derechos humanos, anunció que asistirá a la apertura en Beijing. Será el primer presidente estadounidense en participar de una apertura olímpica fuera de Estados Unidos.

Al texano le tiene sin cuidado lo que hagan los chinos con los independentistas tibetanos, con los uiguhres de Xinjian o con los opositores y críticos del gobierno. Lo de Bush es todo un gesto de respaldo para China.

Pero como es sabido que para los Kirchner, Bush dista de ser un referente, conviene mirar a mandatarios con los que Cristina sí tiene cierta afinidad (ideológica o personal) para intentar adivinar cómo actuará. Entre ellos, prevalecen actitudes contrarias a la de Bush.

Gordon Brown, el primer ministro británico, anunció el miércoles que no irá a la ceremonia de apertura, aunque "aclaró" que no es un boicot sino que tiene otros compromisos (irá la ministra olímpica, Tessa Jowel). El presidente francés, Nicolás Sarkozy, baraja la posibilidad de boicotear la ceremonia de apertura y Angela Merkel, la canciller de Alemania, anunció el mes pasado que no irá a Beijing.

Otro tanto hicieron los mandatarios de Polonia y la República Checa. Más importante aún fue el gesto del 75 por ciento del Parlamento Europeo ayer al solicitar un boicot conjunto por parte de los estados comunitarios. También ayer, se supo que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, no asistirá a la ceremonia.

Muchos de estos dirigentes "boicoteros" pertenecen a países que comercian con China y, por ello, su actitud podría tildarse de hipócrita. Pero sucede que, en ocasiones, los actos simbólicos son necesarios e incluso pueden llegar a ser tan o más importantes que el accionar cotidiano propiamente dicho. Ahí está el valor de lo que hacen estos líderes, más allá de posibles hipocresías: han decidido hacer un gesto, sea a favor, en contra o extendiendo un manto de duda sobre el evento al "analizarlo”, como en el caso de Sarkozy.

La Presidente argentina pareciera tener dos opciones: callarse e ir ella o algún funcionario a Beijing en agosto o, sino, declarar públicamente su posición (ya sea para imitar a Bush o para seguir los pasos de Brown y Merkel) y pegar el faltazo. Haga lo que haga, su decisión no producirá un cambio de políticas en el gobierno de Hu Jintao ni mucho menos y, de hecho, seguramente le importe muy poco a los chinos.

Sin embargo, en Argentina y en América Latina, una declaración de Cristina Fernández demostraría cuán sincera es la política internacional de derechos humanos del segundo gobierno kirchnerista. La presidenta no tiene obligación alguna de hacer una declaración de este tipo, pero si no lo hiciera estará mostrándose indiferente respecto al tema de derechos humanos más candente de la agenda mundial 2008, y eso parece ir contra uno de los pilares discursivos de su propio gobierno.

* Editor de Perfil.com.