En medio de los intentos del gobierno nacional por cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario antes de marzo y a una semana de las elecciones generales, el ex presidente Mauricio Macri admitió en una entrevista televisiva que los 44 mil millones de dólares que le pidió al organismo de crédito se usaron "para pagarle a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo". A priori, se trata de una relevación que podría ser importante para la causa judicial en la que está imputado por el millonario préstamo. Sin embargo, en los últimos días se encendieron las alarmas ante una eventual prescripción del expediente.
Poco más de ocho meses pasaron ya del día en que el presidente Alberto Fernández anunció en su último discurso de apertura de sesiones del Congreso que había "instruido a las autoridades pertinentes para que inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes fueron los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda". De ese modo, dio una orden que se tradujo en una denuncia de la Oficina Anticorrupción ante la Justicia contra la administración Cambiemos por la deuda con el Fondo.
La denuncia recayó en el Juzgado a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi, que ya trabajaba en la acusación presentada en 2019 por Claudio Lozano, actual titular del Banco Nación.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir PERFIL en base a fuentes judiciales, hasta el momento se avanzó en la producción de algunas nuevas pruebas a partir de una serie de informes del Banco Central y de la Sindicatura General de la Nación.
A su vez, el fiscal imputó meses atrás a Macri junto al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los ex titulares del Banco Central de la República Argentina: Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. A todos se les imputa el posible delito de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública. De todos modos, en los últimos meses no se produjeron decisiones relevantes para la causa, por lo que desde el oficialismo temen que prescriba por la finalización de los tiempos del proceso.
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Vale recordar que el gobierno de Cambiemos le solicitó en 2018 al FMI un crédito de USD 57.000 millones, de los que finalmente se embolsaron USD 44.000 millones. Ante las críticas del oficialismo, que habló de un "préstamo político" para sostenerlo en las elecciones del 2019, Macri reconoció el apoyo del entonces presidente norteamericano Donald Trump y sostuvo que el dinero se usó para pagarle a los bancos.
Por qué podría prescribir la causa que investiga la deuda
En la Casa Rosada y en la querella a cargo de la Procuración del Tesoro se encendieron las alarmas.
El temor tiene una fecha y es el 9 de diciembre, día en que se cumplen dos años del último día de gobierno de Cambiemos al frente del Ejecutivo nacional y por ende finalizarían los plazos procesales para que se defina la situación de Macri, a quien también se lo investiga en ese expediente por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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A pesar de ello, en Comodoro Py piensan distinto. De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, no creen que las imputaciones prescriban ya que hace un par de semanas se presentó un planteo a favor de que eso suceda en relación a Macri y los otros cuatro imputado. Esa presentación fue rechazada por la jueza Capuchetti y el fiscal Picardi, de acuerdo a las fuentes consultadas, no apeló.
La investigación que tramita en los tribunales porteños apunta a establecer si el ex mandatario sabía que el acuerdo que firmó con el Fondo Monetario era impagable para las arcas argentinas y también el hecho de que no se haya enviado al Congreso para ser supervisado.
En el oficialismo creen que Macri debe ser llamado a indagatoria. La duda es si la revelación que hizo este domingo durante la entrevista con el periodista Marcelo Longobardi en CNN respecto del uso que se le dio al préstamo una vez que llegó a la Argentina puede motivar un llamado a que declare en las próximas semanas.
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Ante la falta de actividad en la causa, Lozano, autor de la denuncia inicial, dijo en una entrevista en la Universidad de Buenos Aires que la Procuración tendría que "apurar presentándose de manera sistemática y exigiendo respuestas al fiscal y a la magistrada". Por lo pronto, el fiscal evalúa posibles medidas y la jueza está de licencia hasta la semana que viene.
AS/RI
