POLITICA
salio del fuero penal

La causa por el spot anti Macri en FpT pasó a la Justicia porteña

Para la Corte Suprema, “no se advierte la comisión de algún delito". Lo juzgarían como contravención. Video.

Un tribunal porteño llevará la causa por los spots anti-Macri.
Un tribunal porteño llevará la causa por los spots anti-Macri. | Cedoc.

agencias

Un juzgado contravencional de la Capital Federal quedará a cargo de una investigación por un spot crítico difundido en el programa de TV Fútbol para Todos sobre la transferencia del subte del Estado nacional al porteño, tema por el que habían sido indagados el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, en un expediente que finalmente fue anulado.

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La Corte Suprema de Justicia resolvió, de esta forma, una cuestión de competencia entre la Justicia Federal de la Capital y el juzgado contravencional número 22, a cargo de la jueza Gabriela Zangaro, en el que finalmente quedó radicada la causa, iniciada por la denuncia de Daniel Chaín, ministro de Desarrollo Urbano del gobierno de Mauricio Macri.

Chaín denunció que el spot “El subte en boca de todos”, difundido el 11 de agosto de 2013 en el marco del programa Fútbol para Todos, “contiene información inexacta y falaz respecto del conocido proceso de traspaso de las líneas de subterráneos al gobierno de la Ciudad”.

Según el funcionario, la publicidad “tiende a que el público en general se forme una opinión equivocada de los actos que cumplió como ministro de Desarrollo Urbano en el marco de dicho acuerdo, a la par que desacredita su imagen personal y funcional, causándole hostigamiento y discriminación”.

La Justicia Federal entendió que “no surge la comisión de alguno de los delitos tipificados en el Código Penal y en leyes especiales que habiliten su intervención, sino que se trataría de infracciones al Código Contravencional”.

La Corte Suprema, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, coincidió en que “no se advierte, por el momento, la comisión de algún delito que afecte la prestación del servicio público de radiodifusión”.
En consecuencia, y coincidiendo con el dictamen del procurador general adjunto Eduardo Casal, resolvió que la denuncia sea investigada como una “contravención” por la Justicia de la Capital Federal.