La Corte Suprema frenará la reforma judicial impulsada por el Gobierno. Los ministros del Máximo Tribunal analizan los argumentos que desestiman la ley que modifica la constitución del Consejo de la Magistratura y avala la elección popular de sus miembros, explicaron a PERFIL fuentes judiciales. El Consejo es el órgano encargado de seleccionar y controlar a los jueces.
El viernes, dos jueces federales, Alfredo López, de Mar del Plata, y Martín Martínez, de San Nicolás, declararon inconstitucional y frenaron la elección popular de consejeros en la Magistratura. También frenaron la ley que limita las medidas cautelares contra el Estado a sólo seis meses.
Sobre la norma que modifica la constitución de la Magistratura, la mayoría de los ministros de la Corte cree que esa ley del Gobierno sería una reforma de la Constitución de hecho, aunque desde ya evitan comentarlo a viva voz.
La decisión de frenar la reforma judicial que impulsa el Gobierno es mayoritaria en el Tribunal e incluiría a Eugenio Zaffaroni, el cortesano más cercano al oficialismo, quien incluso participó en la confección de la reforma judicial K pero no pudo imponer sus opiniones frente al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini.
Ante los fallos de los jueces de Mar del Plata y San Nicolás, el Gobierno ya adelantó que apelará. Por eso, sus posibilidades ante la anunciada derrota se limitan a apelar las medidas ante las Cámaras y lograr un fallo de segunda instancia. Pero también puede recurrir al recurso de per saltum y llegar así directamente a la Corte Suprema, sin pasar por las Cámaras.
Planes. Si bien ayer el diputado nacional Carlos Kunkel anticipó que el Gobierno apelará, los abogados analizan los pros y los contras del per saltum luego de las dos derrotas seguidas en la causa por la Ley de Medios: la Corte los rechazó por “improcedentes”.
Sin embargo, la preocupación de la Corte se limita al fuero electoral y no se refiere a los jueces de Mar del Plata y San Nicolás. Por esa razón fallará sobre otra causa iniciada por una cautelar: la que tiene en sus manos la jueza María Servini de Cubría.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, tenía planificado que fuera la jueza electoral quien diera el primer paso en resolver la inconstitucionalidad de la norma en la causa impulsada por la Asociación de Magistrados para que el fallo arribara recién a finales de junio al Máximo Tribunal. Pero los fallos del viernes habrían alterado la jugada, según una alta fuente judicial.
Sin embargo seguirá en pie la estrategia. La jueza electoral ya estaría decidida a frenar las elecciones populares en la Magistratura.
El plan B del Gobierno sería avanzar con el análisis y la aprobación en el Congreso de la reforma que unifica el Código Civil y Comercial de la Nación, que fue utilizado como botín de guerra durante la puja por la Ley de Medios con los ministros Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, autores de esa reforma.
No descartan avanzar antes de octubre con el eterno pedido del ministro Eugenio Zaffaroni de modificar y actualizar el Código Penal.
