Como una clara señal de fortaleza hacia el Gobierno, seis de los siete ministros de la Corte Suprema resolvieron (el pasado 30 de abril) “no hacer lugar” a la causa que cuestionó el nombramiento del camarista subrogante de Casación Luis María Cabral, presentada por Horacio Verbitsky (columnista de Página/12 y titular del CELS) y el fiscal general Jorge Auat, titular de la Unidad de Coordinación de las Causas de Derechos Humanos de la Procuración General.
El único ministro que no suscribió la resolución del Máximo Tribunal fue Eugenio Zaffaroni, que se encuentra fuera del país.
En pedidos por separado, Auat y Verbitsky solicitaron “la desvinculación del cargo” y advirtieron que Cabral fue elegido para subrogar un cargo vacante en Casación Penal de manera “anómala”.
La Corte señala que “el modo de conformar una sala o cámara está establecido en decretos y en el reglamento de la Justicia Nacional”.
Luis Cabral subroga el cargo de camarista de casación penal desde agosto de 2011 pero es miembro de un tribunal oral criminal y además preside la Asociación de Magistrados, desde donde ha sido contundente en su crítica respecto de la reforma judicial que impulsa el Gobierno.
“Hay varias inconstitucionalidades que buscan debilitar las garantías para evitar que los jueces puedan actuar con independencia”, postuló Cabral durante una entrevista con PERFIL.
El objetivo detrás de esta causa habría sido nombrar en el cargo de Cabral al fiscal de la Cámara Federal Alejandro Alagia, amigo del ministro Eugenio Zaffaroni y miembro de la Agrupación Justicia Legítima, liderada por la procuradora general Alejandra Gils Carbó.
El fiscal Auat fue nombrado por Gils Carbó a cargo de una unidad fiscal. En tanto, la procuradora está imputada por el fiscal Guillermo Marijuán –el mismo que pidió ayer imputar a Lázaro Báez por el presunto delito de lavado– por “designaciones ilegales de fiscales” tras la denuncia realizada por el senador radical Mario Cimadevilla.