El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó ayer sin tratamiento un recurso de amparo contra la elección en las urnas de los consejeros de la Magistratura. Padilla adhiere a la asociación kirchnerista "Justicia Legítima", que encabeza la procuradora Alejandra Gils Carbó, y hoy realizó una férrea defensa política de la cuestionada reforma del Poder Judicial que impulsó la Casa Rosada.
Padilla resaltó hoy que "no le vamos a dar trámite a estas acciones para que se suspenda la elección del 11 de junio ya que buscan que no sea el pueblo el que vote y elija a sus representantes para conformar un órgano de gobierno" como el Consejo de la Magistratura.
El juez Ramos Padilla rechazó ayer "in limine" -sin tratamiento- un planteo del Colegio de Abogados de esa localidad bonaerense para la suspensión de las elecciones populares de representantes en el Consejo de la Magistratura.
Este es el primer fallo que rechaza la inconstitucionalidad de la nueva ley del Consejo, luego de que el viernes los jueces federales Alfredo López (Mar del Plata) y Martín Martínez (San Nicolás) dictaran cautelares en las que ordenaron suspender la convocatoria a esos comicios.
Además, Padilla se declaró incompetente en la causa y envió el expediente a la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría. Incluso, el juez de Dolores remitió las actuaciones al Consejo de la Magistratura y a la propia procuradora Alejandra Gils Carbó para que "arbitren los medios necesarios para que estas acciones concertadas no generen el daño institucional descrito".
Justicia K. El magistrado, en diálogo con radio Provincia, sostuvo que "no le vamos a dar trámite a esta presentación, no solamente en este juzgado, sino en un montón de jurisdicciones del país donde se han diseminado estas acciones que formularon sea el Colegio de Abogados o la Asociación de Magistrados".
"Es una maniobra emparentada con la conducta ilícita por la cual, de un modo irregular se busca que, al menos un juez en el país dicte una cautelar para frenar una elección nacional convocada por una ley del Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo y que le da la prerrogativa al pueblo para elegir a sus representantes", dijo el magistrado al explicar su decisión.
Padilla afirmó que “el hecho es gravísimo, porque no son los ciudadanos que se han presentado espontáneamente, se ha hecho una maniobra concertada para presentarlos el mismo día en distintas jurisdicciones y lo que logran es que se dicten varias resoluciones contradictorias y se ponga en riesgo la propia autoridad del Poder Judicial”.
Ramos Padilla advirtió que “no se puede jugar con las instituciones de esta manera” y agregó que “hay una falta a la lealtad y buena fe, a los deberes de afianzar la justicia y no se puede actuar de esta manera para conseguir un juez que de manera irregular va a terminar con la posibilidad de que el pueblo vote, me parece muy grave”.
El magistrado consideró que “el Poder Judicial requiere una transformación hace tiempo, me puede gustar o no, pero los jueces estamos llamados a hacer cumplir la ley no para imponer nuestro criterio por encima de quienes están llamados a determinar las leyes de la república”.
