“¿Qué pasó? ¿Me tocó a mí?”, dijo ayer el juez federal Ariel Lijo al abrir la puerta de su despacho y ver a varias personas esperándolo en la antesala, contaron a PERFIL testigos de la escena.
Ayer a la mañana, en los tribunales de Comodoro Py 2002, se sorteó el juez que deberá hacerse cargo de la dormida denuncia que hizo Alberto Nisman antes de su muerte contra la entonces presidenta Cristina Fernández por el encubrimiento a Irán. Irónicamente, Lijo había sido el juez al que Nisman le presentó la denuncia aquel 14 de enero de 2015, cuando apuró su regreso a Buenos Aires para reclamar una investigación penal contra CFK, su canciller Héctor Timerman y otros por tramar un plan para “fabricar la inocencia” de Irán en el ataque a la AMIA. “Dejemos que Lijo investigue”, afirmó Nisman aquel día.
A criterio del fiscal, era Lijo quien debía investigar el expediente porque él sustanciaba en ese momento la causa por el encubrimiento del atentado, por el que hoy están siendo enjuiciados el ex juez Juan José Galeano, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex presidente Carlos Menem, entre otros. Pero Lijo determinó que la denuncia que motorizaba Nisman constituía un hecho nuevo, mandó el caso a sorteo y recayó en Daniel Rafecas.
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Lo que pasó a partir de allí ya se conoce: el fiscal Gerardo Pollicita pidió medidas, Rafecas las negó y cerró la causa por ausencia de delito, la Sala I de la Cámara Federal lo respaldó y cuando el caso llegó a Casación, el fiscal Javier De Luca desistió del recurso. Este año, la historia volvió a repetirse pero con un agregado: la DAIA como querellante, que permitió a Casación, después de idas y vueltas, reabrir el jueves la denuncia, apartando a Rafecas y a los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.
Futuro. La decisión ahora está en manos de Lijo, quien procesó al ex vicepresidente Amado Boudou por Ciccone y que investiga a su sucesora Gabriela Michetti por presunto lavado de dinero. Como no se trata de una cuestión de feria, el magistrado esperaría a febrero a resolver qué hacer. Pero, tal como adelantó PERFIL en su edición de ayer, el caso podría terminar en manos del juez Claudio Bonadio, que instruye una causa por traición a la Patria por la firma memorándum.
Pollicita había opinado que el caso debía ir a ese juez si Rafecas no quería investigar porque su expediente estaba mucho más avanzado. Lijo también podría quedárselo, pero delegarle la instrucción al fiscal, como hizo su colega Julián Ercolini con la muerte del titular de la UFI-AMIA. La respuesta la tiene Lijo, el juez que Nisman había elegido para instruir la causa.
