La Policía Federal analiza unos 130 teléfonos de los miembros de Gendarmería Nacional que participaron en el operativo del 1º de agosto en el territorio mapuche y de oficiales de otros cuarteles de esa fuerzas que operan en la zona de la desaparición de Santiago Maldonado, en la provincia de Chubut. Así lo confirmaron a PERFIL fuentes judiciales, que agregaron que todavía manejan varias hipótesis y ninguna pisa con fuerza la causa. Los federales, que asisten al juez Guido Otranto y a la fiscal Silvia Avila, extraerán el contenido de los celulares de los gendarmes en busca de chats, conversaciones, imágenes, llamadas y mensajes que los gendarmes pudieran haber enviado o conservado, incluso borrado, de sus teléfonos antes y después del operativo donde la familia de Maldonado lo ubica por última vez.
La participación de los policías federales en el caso Maldonado apunta sobre todo al análisis de los teléfonos y unas 40 computadoras secuestradas. Además, un teléfono de Maldonado aportó una prueba que podría demostrar que el artesano estaba en las inmediaciones del lugar del operativo de Gendarmería. Maldonado tenía tres celulares. Uno de ellos impactó en una antena de El Bolsón una hora antes de que comenzara el desalojo en la ruta 40 en las inmediaciones del territorio mapuche, informaron fuentes de la causa a PERFIL.
Hay otro dato que sorprende a los investigadores. La filmación del operativo se realiza para proteger a los oficiales frente a demandas de abuso de poder. Pero en este caso, el video no muestra el proceder de los gendarmes. Las imáganes están desenfocadas.
Luego detalla que personal de Gendarmería participó de una “fuerte golpiza” al joven, al que durante la noche del 31 al 1º, “lo dejaron a la intemperie”, “sometido a bajas temperaturas”, provocandole una descompensación que terminó en un “paro cardiaco”. En el detalle de los hechos se asegura que la muerte fue constatada por personal de sanidad de Esquel, en las primeras horas del 1º. El cuerpo de Maldonado, dice el informe, habría sido “enterrado en Chile”. La pista chilena se comenzó a difundir el miércoles.
La Federal envió unos 40 policías de Buenos Aires especializados en secuestros extorsivos, homicidios, drogas y telefonía. Algunos incluso formaron parte del equipo que investigó la desaparición de Jorge Julio López.
La participación de la Federal se encuadra en medio de versiones de internas entre las fuerzas federales por presupuesto y áreas de cobertura en las investigaciones, confiaron fuentes del caso. En ese contexto, esta semana la sombra de los servicios de inteligencia cubrió el caso Maldonado. El martes, un dirigente político enfrentado al macrismo recibió copia de un supuesto informe de personal de inteligencia de la Policía Federal. Al dirigente se lo entregó en mano un supuesto miembro de la fuerza que asegura haber realizado tareas de inteligencia en Esquel y dice aportar información sobre el caso a cambio de la recompensa fijada por el Gobierno en $ 500 mil. Para cobrar esa suma, la Justicia debe probar como ciertos sus aportes. En la Federal niegan que el informante haya actuado por orden de la fuerza.
El dirigente decidió entregar el informe ese martes a la Procuración General de la Nación. El miércoles, la fiscal Avila lo tuvo por primera vez en sus manos. El supuesto informe sostiene que “individuos de la comunidad mapuche frecuentaban la feria artesanal de El Bolsón y que estos eran objetivos de inteligencia de otras fuerzas y dependencias gubernamentales” desde 2014. Aporta, además, una supuesta hipótesis sobre el destino de Maldonado. El informe habla de una detención que se produjo el 31 de julio, en medio del desalojo de Gendarmería, y de un posterior traslado al Escuadrón 36. Hay errores en las fechas.
