Tal vez no haya un hecho tan reñido con el pretendido espíritu de coraje y sacrificio de la Armada Argentina como los fusilamientos de Trelew, cuando un grupo de marinos al mando del capitán de fragata Luis Emilio Sosa asesinó a 16 militantes de organizaciones revolucionarias en la Base Almirante Zar, en agosto de 1972.
Cuando la causa se reactivó hace un mes con el pedido de detención de los máximos responsables de la masacre, una pregunta surgió naturalmente: ¿Cómo hicieron los acusados de la matanza para permanecer tanto tiempo fuera de la consideración pública, a pesar del espíritu revisionista que ha imperado en los últimos años?
Allí emerge con claridad el rol protector que cumplió la Armada, que facilitó el ocultamiento de sus hombres, los premió con ascensos y agregadurías en el extranjero y les ofreció ayuda y asesoría en el convencimiento de que el episodio de Trelew estaba justificado.
Así lo dejó en claro el entonces responsable militar de la base, Horacio Mayorga, cuando pocas semanas después de la masacre dijo: “No es necesario explicar nada. Debemos dejar de lado estúpidas discusiones que la Armada no tiene que esforzarse en explicar. Lo hecho, bien hecho está”.
Según fuentes judiciales, al declarar hace dos semanas en los tribunales de Rawson donde se tramita la causa, mantuvo la misma posición: reconoció que la Armada había protegido a los acusados y justificó esta medida en que, de otra manera, corrían el riesgo de represalias de los grupos guerrilleros. “Los tuvimos que sacar, protegerlos, porque corría riesgo la vida de esa gente que había actuado en cumplimiento del deber”, afirmó.
