Los políticos pasan, los judiciales se quedan. No sólo porque sus cargos son vitalicios –aunque llegar a ellos está atado a la política– sino porque su capacidad para acomodarse a los cambios de gobierno sigue intacta. Tras las elecciones de hoy, el blanco favorito de los jueces federales tendrá malas noticias, aunque esperables. El juez federal Ariel Lijo debe elevar a juicio oral la causa Ciccone contra el vicepresidente Amado Boudou. Además, reimpulsará la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el vice.
Los hermanos Zacarías, funcionarios de confianza del matrimonio Kirchner, también tendrán malas noticias: la jueza María Servini de Cubría podría firmar en breve sus procesamientos en la causa por tráfico de efedrina.
La superactividad del juez federal Claudio Bonadio resaltó sobre el prudente silencio de sus colegas en los tribunales federales. En las últimas tres semanas, el juez profundizó su enfrentamiento con el Gobierno y en sólo veinte días indagó al ministro de Salud, al jefe de Gabinete, al titular del PAMI y a un ex ministro y gobernador electo en Tucumán. Además, allanó el Banco Central. Días antes de la primera vuelta puso el pie en el acelerador de un expediente clave para el ministro Julio De Vido sobre supuestas irregularidades en la importación de gas licuado. En su entorno aseguran que ya es personal. El kirchnerista Marcelo Fuentes denunció al hijo del juez –que es músico– por presunto lavado de dinero.
Bonadio tiene en sus manos a varios funcionarios clave para Cristina. Aníbal Fernández (por el Plan Qunita y su nexo con el Fifagate), De Vido y Alejandro Vanoli (por la compra de dólares a futuro).
El desenlace de la causa Hotesur todavía no está definido. Es central para la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez, quien además tiene otro frente abierto con el juez Sebastián Casanello.
El fuero en lo Contencioso Administrativo, que mostró muchas veces una inclinación a escuchar los pedidos del Ejecutivo, sacó en el último mes medidas clave contra las políticas del Gobierno. Lo mismo sucedió con la Corte Suprema, más acostumbrada al equilibrio, pero que sorprendió con resoluciones inesperadas a días de la segunda vuelta, como el fallo contra YPF por el acuerdo con Chevron.
Otro frente caliente para la Justicia y el gobierno que se va es la resolución sobre el memorándum con Irán. Si gana Mauricio Macri, la causa se cae y el pacto será inconstitucional.
El Estado viene apelando esa decisión y por eso el acuerdo sigue en la Justicia. Macri retiraría la demanda si llega al Ejecutivo.
