Los intendentes fueron piezas clave de la gestión kirchnerista. Pero en los últimos meses varios de ellos se vieron involucrados en casos de corrupción o escándalos que los obligaron a renunciar o por los que fueron destituidos. Los casos más próximos fueron los del intendente de Tartagal, Salta, Sergio Napoleón Leavy; la jefa comunal de la localidad de San José, Catamarca, Deolinda Mónica Hernández; y el mandatario de Balcarce, José Luis Pérez.
Uno afuera, la otra encerrada. Leavy hizo lo imposible para evitar la destitución en su contra. No lo logró. Ayer, el Concejo Deliberante lo apartó de su cargo acusándolo de malversacion de fondos, mal desempeño y enriquecimiento ilícto. El "Oso" llegó a la intendencia de la mano del kirchnerismo, aunque hace unos meses el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, le quitó su apoyo.
Por su parte, Deolinda Hernández, de San José, no quiso saber nada acerca de una destitución. Por eso se atrincheró en su despacho después de que el Concejo Deliberante la acusara de supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos y la suspendiera por 60 días. Los concejales de aquella localidad la acusaron de no poder justificar gastos. Hernández era aliada del sindicalista Luis Barrionuevo pero ahora está con el kirchnerismo.
A pesar de que la presidenta del Concejo, la catamarqueña Rosario Marcial, está lista para asumir como intendenta interina, todavía no pudo hacerlo ya que Hernández no salió de su oficina.
El tercero plantea, en realidad, una jugada política. El caso de José Luis Pérez, por ahora intendente de Balcarce, es particular. El mandatario presentó su renuncia el 19 de este mes en medio de investigaciones de la oposición por administración fraudulenta. Pero Pérez aún no dejó el cargo, sino que anunció que se quedará hasta el 10 de diciembre, cuando se renueven los concejales. El objetivo: evitar el llamado a elecciones anticipadas y de esta manera lograr que asuma en su reemplazo José Enrique Etcheverría, presidente de la legislatura local.
Radical K. En julio de este año, el intendente de la ciudad de Santiago del Estero, Julio Alegre, debió dejar el cargo. Las razón: denuncia de corrupción en el manejo de fondos públicos. En una primera etapa de la investigación, se develó que diariamente se libraba un cheque por 5.000 pesos para justificar compras inexistentes de diversos artículos o pago de servicios no prestados. Allí aparecían empresas fantasmas, cuyos titulares eran empleados o contratados por el municipio. El radical K respondía directamente al gobernador Gerardo Zamora.
Durante las elecciones legislativas dos fueron los intendentes que dijeron "basta". El primero de ellos, el mandatario de José C. Paz, Mario Ishii, había anticipado que si no obtenía un triunfo arrollador, dejaría su cargo. Luego fue en busca de "traidores". El mismo camino siguió el ex intendente de Salto, al noroeste de Buenos Aires, Victorio Migliaro. Su lista del Frente Para la Victoria (FPV) perdió en manos de Unión Pro. A los pocos días, renunció.
Archivados. Además de estos últimos casos, durante varios años los escándalos de intendentes K llamaron la atención pública. El más resonante fue el de Roberto Porretti, ex jefe comunal de Pinamar, quien renunció acusado de extorsión, aunque luego fue sobreseído. Porretti logró luego volver al ruedo y en junio pasado ganó las elecciones legislativas en Pinamar, siendo electo concejal.
En 2007 se dio un caso extraordinario. En la localidad de General Acha, el 10 de diciembre asumió el intendente Omar Avila. Pero en el cargo duró apenas unos días, ya que fue condenado por casos de corrupción. En 2006, Rodolfo Lopes, por entonces intendente de Bahía Blanca, fue destituido acusado de irregularidades en fondos electorales.
