Cárceles hacinadas, violencia frecuente entre los presos, asesinatos y falta de comida es la herencia que, dice el nuevo jefe penitenciario bonaerense, dejó la administración de Daniel Scioli.
Fernando Díaz asumió hace cinco días, y en un primer pantallazo de la situación de las cárceles que están ahora bajo su órbita encontró una situación “lapidaria”.
El funcionario, que ocupó el mismo cargo entre 2005 y 2009 –estuvo bajo las órdenes de Felipe Solá y el propio Scioli–, aseguró que el primer día que tomó posesión de la jefatura del Servicio Penitenciario tuvo que asistir a la unidad penal de Batán porque los presos no tenían qué almorzar. Le contó a su equipo que en la misma situación se encontraban varias cárceles bonaerenses. Según describieron a este diario sus colaboradores, la provincia de Buenos Aires les debe a los proveedores de alimentos cuatro meses, por lo que éstos no entregan la mercadería correspondiente. La falta de medicamentos también es un problema que enfrenta el Servicio Penitenciario, lo que impide dar un buen tratamiento sanitario a los internos.
Con una población superior a los 31 mil internos y unas sesenta unidades penitenciarias, el sistema carcelario bonaerense es uno de los más grandes de Sudamérica. Si es cierto lo que describe Díaz a su equipo, la situación es grave: en tan sólo una semana, hubo cinco homicidios. En 2015, más de cuarenta.
Muchos agentes penitenciarios están de “brazos caídos”, esto es, que trabajan a reglamento, por el descontento a raíz del supuesto “maltrato” de la gestión anterior. En este contexto de caos, y con la acefalía del Sistema Penitenciario, se produjo la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez.
La gobernadora María Eugenia Vidal decretó la emergencia penitenciaria, que posibilitará la realización de compras directas (sin licitación) y la incorporación, según denunció el CELS, de personal retirado de los penitenciarios para reforzar la seguridad en las cárceles.
Díaz es un viejo conocido para las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Llegó de la mano del interventor Ricardo Cabrera durante el mandato de Solá y quedó a cargo del Servicio cuando Cabrera se fue. Salió del cargo no por un episodio en particular sino por una muy mala relación con el entonces ministro de Justicia de Scioli, Ricardo Casal. Otro ministro de Justicia, en este caso el de Vidal, Carlos Mahiques, lo regresó a su puesto.
Uno de los casos más emblemáticos que tuvo que afrontar Díaz fue la denominada masacre de Magdalena, en 2005, cuando 33 internos murieron quemados en el penal de esa ciudad luego de un motín y una represión de los agentes penitenciarios. A su favor, suele decir que hacía cuatro meses que era jefe del Servicio Penitenciario cuando eso ocurrió. Se queja de la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo que controla lo que pasa adentro de los penales, que lo acusó de haber encabezado una de las gestiones más violentas del Servicio Penitenciario Bonaerense. “Durante mi gestión bajó la violencia y también la cantidad de detenidos”, suele repetir para defenderse de esa acusación. Le tocará enfrentar una situación difícil.
Si es verdad el panorama que dice haber encontrado, el Servicio Penitenciario está atravesado por la corrupción, deficiencias en infraestructura y problemas en la administración. Por ahora, la decisión del gobierno de Vidal fue remover a todos los directores que dependían directamente del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
El jefe penitenciario no maneja presupuesto, el dinero pasa directamente por el ministro de Justicia, a través del área de administración.
La superpoblación, la falta de comida, la mala atención sanitaria y los problemas de infraestructura serán los desafíos de Díaz.
