POLITICA

La oposición busca un candidato único para el Consejo de la Magistratura

Así lo aseguró Ricardo Gil Lavedra, de la UCR quien insistió en que "la Justicia va a paralizar" la Reforma Judicial, que es "groseramente inconstitucional".

La oposición busca unirse para tener candidato único en el Consejo de la Magistratura.
| Telam

La Unión Cívica Radical pidió esta mañana una medida cautelar para que se suspenda las elecciones de integrantes del Consejo de la Magistratura y, en caso de que no se haga lugar, la oposición presentará una lista única, según confirmó el jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra.

El radicalismo, a través de un comunicado, informó que la demanda contra la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, promulgada hoy por el Poder Ejecutivo, fue presentada por el titular del partido, Mario Barletta, y quedó radicada en el juzgado con competencia electoral de la Capital Federal, a cargo de la jueza María Servini de Cubría. Desde el radicalismo se busca que la Justicia suspenda la convocatoria a elecciones del Consejo de la Magistratura.

El Gobierno promulgó hoy la ley de reforma del Consejo de la Magistratura y dispuso que las elecciones de consejeros se realicen conjuntamente con las legislativas del 27 de octubre, luego de votar a los candidatos en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto.

Por su parte, Gil Lavedra explicó que su partido "en primer lugar va a tratar de que la ley no se aplique". Al ser consultado en radio Continental qué hará el arco opositor en los comicios respecto a los candidatos de consejeros, Gil Lavedra respondió: "Creo que no habrá elecciones, pero si lo hubiera ya un acuerdo de ir en una sola lista".

Sin embargo, el diputado radical insistió en que "la Justicia va a paralizar" esta ley, que es "groseramente inconstitucional". Gil Lavedra subrayó que "hay que preservar la independencia judicial".

La norma promulgada hoy que salió publicada en el Boletín Oficial, forma parte del paquete de medidas que conforma la reforma judicial impulsada por la presidenta Cristina Fernández y que fue rechazada por un amplio sector de la oposición, que la considera inconstitucional.