Acaba de finalizar la megacausa de La Perla, Córdoba, con la condena de la mayoría de los represores. Finalmente, luego de las declaraciones de cientos de testigos, la justicia cordobesa cierra un capítulo nefasto de nuestra historia.
El tribunal, presidido por el juez federal Jaime Díaz Gavier, agrega con justeza que el terrorismo de Estado “imperaba en nuestro país aún con anterioridad al golpe del 24 de marzo de 1976”, aunque sitúa el inicio de este terrorismo en 1975. Coincide así con la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien en marzo de este año, al condenar a Julio Yessi a cuatro años de prisión, sostuvo que la Triple A “fue proyectada, materializada, financiada y conducida por agentes públicos, más precisamente por un ministro de la Nación”, refiriéndose a José López Rega.
Es necesario introducir una pequeña corrección en ambas sentencias. Porque contienen el mismo error: en un caso se modifica la fecha del inicio del terrorismo de Estado, y en el otro, se evita nombrar a quien designó a Yessi y ascendió a los cinco jefes de la Triple A, el entonces Presidente de la Nación General Juan Domingo Perón.
El 29 de enero de 1974, el Presidente nombró como subjefe de la Policía Federal y Superintendente de la fuerza a Alberto Villar y Luis Margaride, respectivamente. El primero había sido formado por la temible Organisation de l´Armée Secrète (OAS) en París. Ambos tuvieron activa participación en la Triple A. Poco después, el 18 de febrero, el Presidente designó a Juan Ramón Morales como comisario inspector y a Rodolfo Eduardo Almirón como inspector (decreto 562/74). Todos ellos fueron la cabeza de los escuadrones de la muerte que asolaron al país.
En el mes de mayo el plan de nombramientos continuó con el decreto 1412, firmado por el General, que nombró a Julio Yessi como presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa (Boletín Oficial, 13 de mayo 1974). Con despacho, naturalmente, en el ministerio de Bienestar Social, desde donde alían los grupos armados a matar opositores. Luego, mediante el decreto 1350, ascendió a comisario general de la Policía Federal, el cargo más alto de esa institución, a su hombre de confianza, José López Rega. En los fundamentos del decreto señaló “que de los antecedentes que se acompañan resta que el hoy ministro de Bienestar Social, don José López Rega, tuvo un brillante desempeño en la Policía Federal hasta la fecha de su retiro, dispuesto el 3 de abril de 1962”.
¿Cuál es el motivo por el que dos jueces federales evitan referirse a quien nombró a los cinco jefes de una organización terrorista previa a 1976? El mismo que recorre buena parte de la historiografía cuando se trata de Juan Domingo Perón: el temor a denostar al principal líder del movimiento justicialista.
Las pruebas son tan contundentes y abrumadoras que llama la atención la obstinada decisión de salvar su imagen. Es entendible que los partidarios de justicialismo lo hagan; su adhesión incondicional trasciende los delitos que haya cometido. Pero ¿por qué la Justicia? Debe reconocerse que hubo militantes peronistas de aquella época que llegaron a denunciar la tragedia: Juan Carlos Añón, dirigente de la Regional I de la JP, afirmó en abril de 1974: “nosotros creíamos que la violencia se terminaba el 25 de mayo y eso lamentablemente no fue cierto. Juventud Peronista tuvo más muertos del 25 de mayo (1973) hasta hoy que en los últimos ocho años de la dictadura militar”.
También Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde lo reconocieron en febrero de 1974, al titular en su revista Militancia que el gobierno de Perón era cada día más gorila: “En la Argentina hay bandas de ultraderecha, por supuesto. Pero no tienen vida propia si el Estado y su aparato represivo no las apoyan. Cuando dejan de ser puramente declarativas y entran a funcionar como “escuadrones de la muerte” es porque han sido oficializadas”.
Acerca de que las Tres A comenzaron a actuar luego de la muerte del líder, conviene recordar que el primer atentado con su firma se produjo el 21 de noviembre de 1973 contra el senador Hipólito Solari Yrigoyen, defensor de presos políticos. Entre julio y diciembre de 1973 se cometieron más de 20 asesinatos y 17 secuestros seguidos de torturas; entre enero de 1974 hasta la muerte del Presidente, hubo 38 crímenes cometidos por la Triple A y 24 secuestros de personas que salvaron su vida pero fueron cruelmente torturadas. A ello hay que sumar cientos de atentados contra diarios, imprentas, locales de partidos políticos opositores al gobierno y también de la Tendencia. Que la Justicia disimule los hechos históricos no es un buen ejemplo. Ni para los jóvenes que están estudiando leyes, ni para la sociedad que necesita conocer su propio pasado.
(*) Coautor de Perón y la Triple A, las 20 advertencias a Montoneros.
