La Justicia platense investiga –hay al menos tres denuncias– la existencia de una presunta fuerza de choque que sería utilizada por el poder político local para ejercer violencia sobre opositores, vecinos, vendedores ambulantes y taxistas que, por diversas razones, hacían reclamos contra la gestión del intendente Pablo Bruera.
La más grave unió a toda la oposición, que no sólo presentó una demanda penal sino que, además, recurrió a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires para dejar constancia de la brutal paliza que recibió el 26 de octubre un militante de la Coalición Cívica ante la actitud pasiva de inspectores municipales que se encontraban presentes en el lugar.
En ese comunicado, enviado a la Secretaría de Derechos Humanos Sara Derotier de Cobacho, se grafica otro hecho violento: “El vendedor ambulante Juan Orellana, mientras encabezaba una protesta en el centro de la ciudad, fue trasladado a Control Urbano ilegalmente, encerrado en una oficina con candado, y golpeado ferozmente por una patota que se encontraba en el lugar”. Orellana hizo su denuncia ante la UFI Nº5.
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