Luego del establecimiento esta semana del Protocolo de Seguridad para la Diversidad Sexual presentado por el Ministerio de Seguridad, el Área Diversidad de Género de la provincia de San Luis salió hoy a mostrar su rechazo por considerarlo "discriminatorio".
"Luchamos por la igualdad de derechos", sostuvo Gema Rosales, responsable de esa oficina puntana, a la vez que calificó de "discriminatorio" el documento. "Si se respeta nuestra identidad de género y los derechos humanos, no hace falta ningún protocolo", agregó. La funcionaria, cuya área depende de la Secretaría de la Mujer Ni Una Menos de la Provincia, consideró que hubiera sido importante que el protocolo fuera elaborado y consensuado con las organizaciones relacionadas a la diversidad sexual y con referentes en el temática.
Además, criticó que según la nueva normativa las intervenciones relacionadas con las personas LGBT, las tenga que realizar exclusivamente personal femenino. "Esto expresa un profundo desconocimiento de la población LGBT y de la diversidad sexual en general. Es innecesario que una mujer haga una requisa a un hombre trans, bisexual o gay", opinó la funcionaria.
Esta semana, el Ministerio de Seguridad estableció un protocolo que deberán cumplir las fuerzas al momento de registrar o detener personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Entre otras cosas, el texto, que fue oficializado en el Boletín Oficial y lleva la firma de la ministra Patricia Bullrich, establece que el registro de una persona identificada con el colectivo LGTB "deberá ser realizada por personal femenino, quien actuará de conformidad con el modelo de Uso Racional de la Fuerza, de manera tal que se asegure la efectividad de la acción".
"En todos los casos, la prevención, el registro o la detención se realizarán resguardando la integridad física, respetando los derechos personalísimos, la identidad de género y la dignidad de la persona", añade la resolución. En el mismo texto, también se advierte que sólo se podrá detener a una persona sin orden judicial "cuando sea necesario para evitar la comisión de un delito o para impedir la continuación de sus efectos" o "para volver a detener a la persona que se fugó de un lugar de detención o de una detención previa".
"La persona detenida será alojada según el género autopercibido, en una celda separada si entiende que existe un riesgo potencial para su integridad, dignidad otros derechos o si, al momento de informar su género, no se identifica con ninguno", explica la resolución.
