“Esta porquería no puede ir para abajo”, le contó uno de los tripulantes del ARA San Juan a su mujer varios meses atrás, preocupado por las fallas en el sistema de inmersión del submarino. “Se abrió una válvula y corrimos peligro de irnos al fondo”, recuerda ahora otra mujer que le relató su esposo durante el invierno. Son apenas dos anécdotas que ponen la mira en el estado en que se encontraba el buque antes de hundirse en el Mar Argentino, a pesar de que poco tiempo antes, en 2015, había salido del taller luego de la reparación de media vida. Esos trabajos quedaron en la mira de un informe de la Sigen, que en 2016 encontró severas irregularidades.
Un sobrecosto del 100%, faltantes de documentación clave (como la que debe acreditar una entrega de las baterías arregladas), la demora injustificada de más de tres años respecto de los planes iniciales, y el vencimiento de los plazos de garantía antes de terminar con todas las pruebas. Esas son las conclusiones principales de un informe que recién salió a la luz esta semana, y que podría ser clave en la causa judicial que ya tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia.
“Las modificaciones, ampliaciones y agregados originados en el proceso de la obra llevaron a un incremento cercano al 100% en el costo total planificado del proyecto original”, sostiene el informe. Originalmente, en agosto de 2008 se proyectó que la reconstrucción costaría $ 51,4 millones. Terminó alcanzando los $ 102,3 millones, un 99% más de lo estimado (a lo que se suman $ 25,5 millones del contrato con la empresa alemana Hawker, encargada de arreglar las baterías).
Justamente, las baterías también son motivo de sospecha luego de que se conociera que las de un sector se habían incendiado luego de entrar en contacto con agua de mar. “No se ha podido verificar la recepción total de los materiales comprometidos, atento a que no se contó con documentación que avalara la octava y última entrega”, describe el informe, y enumera la documentación de las siete anteriores.
Otro punto que llamó la atención es que hacia fines de 2015 “no se había efectuado la totalidad de las pruebas necesarias” y la garantía “se encontraba a punto de vencer”. Se trataba de una garantía de seis meses para probar el funcionamiento de los sistemas de inmersión y emersión del submarino a distintas profundidades.
En la conclusión, la Sigen agrega un punto alentador hacia el futuro, pero que esconde un interrogante. La obra, sostiene, “ha resultado una importante transmisión de nuevos conocimientos y capacidades, tanto para el personal de la Armada como del de Tandanor”. ¿Significa que no estaban del todo capacitados para el trabajo?
