En la charla sobre Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad realizada en la Legislatura porteña, el juez Daniel Rafecas, su par Sebastián Casanello, el fiscal Marcelo Colombo y el canciller de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano, Marcelo Sánchez Sorondo, coincidieron en sostener que la trata debería ser sancionada como delito de lesa humanidad.
En el acto, organizado por el legislador porteño de Bien Común Gustavo Vera, Sánchez Sorondo opinó: "La trata es la nueva forma de esclavitud y debe ser sancionada como delito de lesa humanidad, porque afecta la dignidad más esencial que es la libertad”. Y agregó: “Por eso se produce el crimen organizado, el tráfico de órganos, el tráfico de niños, el narcotráfico”.
En esa misma línea, Colombo manifestó: “Hoy, después de instalarse la ley de trata y mediante un convenio internacional del crimen organizado, consideraban a la explotación como un delito tipificado. Igual, falta conseguir una verdadera reparación de esas víctimas”.
Por su parte, Rafecas tras precisar que hay “1.500 procesados por delitos de Lesa Humanidad y un tercio fueron condenados” puntualizó que “la cultura autoritaria continúa por la trata y explotación de personas, como las torturas en cárceles y comisarías”. “El punto en común es la deshumanización en la cultura autoritaria y ver entonces a las víctimas sin derechos. Los crímenes de hace 30 años y los actuales de trata y tortura son crímenes contra el Estado de derecho”, sentenció.
Por ello, el magistrado argumentó que “así como se logró una política de Estado contra los delitos de la Dictadura, se debe lograr con la trata y la tortura, que también son de lesa humanidad”.
Su par Casanello afirmó que los delitos de tortura de la dictadura, la trata y la explotación laboral tienen en común “la cosificación” y son “delitos de lesa humanidad”. Asimismo, el juez citó al Papa Francisco y sostuvo que hay “una globalización de la indiferencia”. “La política como algo virtuoso es el ejemplo del juzgamiento a la Junta y el Nunca Más. Y la política cancerígena es la de los delitos de trata y explotación”, expresó. Además, añadió que "los funcionarios judiciales necesitamos que exista un movimiento social-político para prevenir, investigar y sancionar estos delitos”.
