Los antecedentes en la Justicia que penan a los responsables de lavado de activos no son muy alentadores: sólo existe una condena insignia. Una sola en todo el país. O por lo menos ésa es la información que se registra dentro de la UIF y de la Procuración de la Nación.
El diciembre de 2009, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba condenó por ese delito a un matrimonio y al hermano del marido, acusados de lavar dinero que provenía del narcotráfico.
La realidad es que los condenados, María Eugenia Rodríguez, mujer de Guillermo Vallejo, y el hermano de éste, Gonzalo Máximo Vallejo, no eran operadores bursátiles, ni testaferros del poder, ni financistas, ni grandes banqueros con cuentas offshore. Rodríguez era apenas la empleada de la tienda J&M, que comercializaba ropa falsificada en un barrio humilde cordobés.
El vínculo con los narcos es simple: la dueña del local era Magalí Vallejo, hermana del marido y el cuñado de Rodríguez, quien fue condenada en la misma sentencia por comercializar estupefacientes junto a Jorge Guillermo Altamira, condenado como jefe de la banda que vendía droga, pero que trabajaba como colectivero. En resumen: una banda de narcos usaba como fachada un local de ropa que en 2006 apenas facturó menos de $ 25 mil.
Rodríguez era vendedora de J&M que, según la Justicia, blanqueaba dinero obtenido de la venta de cocaína y marihuana. Ninguno de los tres lavadores tuvo que cumplir prisión efectiva por el monto de sus condenas: recibieron dos años de prisión (en suspenso) y $ 100 mil de multa.
Los vecinos de Rodríguez aseguran hoy que la familia todavía no sale del asombro, no puede creer que la Justicia haya condenado por lavado a una “familia pobre” a la que “le hicieron una cama”, pero se olviden de los “grandes corruptos”. No entienden tampoco cómo los jueces son tan injustos. Rodríguez, que creció en un colegio de monjas, todavía va al psicólogo para olvidarse de ese día que “los narcos” le hicieron poner la firma en el local y “quedó pegada” para siempre.
¿Cuál es la explicación para que no avancen otras condenas? El abogado Rafael Cúneo Libarona analiza uno de los problemas: “El sistema judicial y la Unidad de Información Financiera (UIF) deben controlar que se informen las operaciones sospechosas que permiten investigar ese delito”, se queja, y recuerda que recién en 2011 se aprobó la ley 26.683, que facilita el combate de ese delito.
En junio de 2011 hubo otro fallo vinculado al lavado. Fue contra unos mexicanos que ingresaron en 2005 al país con miles de dólares que no podían justificar. Para la mayoría de los especialistas consultados se trató, en realidad, del delito de contrabando o tráfico de divisas. Y ni siquiera las entidades oficiales lo suman como antecedente.
