El conflicto del campo no cesa de concitar la atención de la sociedad, aunque innegablemente otra ristra de problemas sigue demandando respuestas tan perentorias como la cuestión del agro. Aunque no amainen los vientos desatados por las retenciones agropecuarias, los protagonistas del mundo laboral estarán obligados a abordar otros temas centrales, fundamentalmente la inflación y su incidencia en los ingresos de millones de trabajadores.
Los aumentos reales de los precios, indiscutiblemente superiores a los relevados por el INDEC, están haciendo trizas los incrementos salariales pactados hace apenas unos meses, muchos de ellos enyesados por las reglas impuestas por la sociedad Casa Rosada-Hugo Moyano.
De tal manera, en la dirigencia gremial anida la certeza de que la reapertura de las paritarias sería inevitable antes de que se cumplan los plazos de los convenios celebrados recientemente.
El propio Moyano admitió que el peso de la inflación en los ingresos es "un tema pendiente" que debe discutir con la Presidenta de la Nación.
El año pasado, con una situación menos complicada que la actual, hubo que recurrir a las compensaciones en numerosas actividades para neutralizar el efecto de un avance de los precios sobre los sueldos que se hizo más ostensible hacia el final del ciclo. También, como en este año y en 2006, los acuerdos salariales estuvieron signados por las limitaciones establecidas por el tándem del gobierno kirchnerista y el mandamás cegetista Moyano.
Algunas organizaciones lograron sortear la alambrada y pactaron incrementos mayores, ya sea en el porcentaje directo o vía adicionales salariales, pero igualmente esos guarismos van camino a la evaporación.
Por ello la pretensión de manejar o alterar a discreción las reglas de la economía en un sistema de mercado tiene destino de fracaso, y la cuestión de los precios y los salarios encorsetados no es la excepción. También le espera corta vida.
Encima, cuando la suba de los valores por el ascensor no se limita a los alimentos, sino que también alcanza a los gastos fijos e imprescindibles, como los alquileres. Y eso que las tarifas de servicios públicos continúan aplanadas, pero demandando una actualización largamente demorada.
La crisis desatada a partir del tema de las retenciones pone un marco de agravamiento e incluso dramatismo a la coyuntura, ya que la rueda económica ha tenido una alteración -y en muchos casos un parate- notoriamente perjudicial, sobre todo en las comunidades del interior del país donde gira exclusivamente en torno al agro. Una de las consecuencias directas que se está viendo es la suspensión de trabajadores, aunque se espera que cuando se normalice la situación también ese episodio pueda quedar superado.
En estas circunstancias se confirmó que la CGT está prácticamente desactivada, solamente monitoreada por Moyano y compañeros de ruta como el taxista Omar Viviani. Salvo algunos pronunciamientos de compromiso progubernamental con respecto al tema del agro, no se registró otra actividad de la central sindical.
Moyano quedó convertido en un virtual funcionario y los otros integrantes de la CGT están en el ostracismo.
Los contrincantes del camionero continúan en otra vereda, con la expectativa puesta en derrocarlo, mientras otra fracción gremial de peso, los "gordos", se acerca y se aleja según la ocasión.
El 8 de julio, ya a la vista, debería realizarse el congreso de la central sindical para renovar o cambiar las autoridades, y continúa la incertidumbre sobre su concreción.
Igualmente, como no hay nada oficial en contrario, las organizaciones están avanzando en su inscripción para el encuentro y, según voceros, no serían demasiadas las que faltan anotarse.
De todas maneras, las calles fueron estos días el escenario de las internas sindicales. Por ejemplo, la protesta de los taxistas por los carriles exclusivos en la Capital Federal mostró diferencias con los colectiveros, que se verían beneficiados con la medida oficial en detrimento de los autos de alquiler. Aunque sea una cuestión que no la pergeñaron los sindicatos, queda a la vista como el correlato de lo que pasa en las entrañas gremiales: Viviani defendiendo posiciones por un lado (con Moyano y el kirchnerismo) y los colectiveros de la UTA por otro (con Luis Barrionuevo).
Y el acto de apoyo al Gobierno en Plaza de Mayo también volvió a mostrar las fisuras en el gremialismo peronista. Los sindicatos kirchneristas dijeron presente, mientras pegaron el faltazo los "barrionuevistas" y varios de los "gordos". Pero lo más notorio fue la ausencia de las organizaciones del sector agroalimentario. Hubo algunas excepciones, como precisamente la UTA, pero este sindicato -con peso específico y siempre estratégico para la CGT-, pese a haber cumplido con su asistencia a la plaza, sigue conformando el lote del dirigente gastronómico que quiere echar a Moyano.
No obstante, se presume que, con el correr de los días, el Gobierno podría disciplinar a varios de los díscolos para que se concrete el congreso cegetista y se avale la continuidad de Moyano. En esa tarea podrían tener un rol vital el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quienes con Moyano conforman un terceto hasta ahora irrompible.
Las palabras de Moyano admitiendo el nuevo retraso salarial pueden anotarse también como parte de la estrategia del camionero para mostrar un costado cautelosamente crítico y reivindicatorio y reforzar su aspiración a la reelección.
Pero más allá de los objetivos políticos, en este caso la frase tiene contenido actual, concreto, real. Entonces los dirigentes sindicales deberán ceñirse al principio aristotélico que esgrimía su líder, el general Perón: la única verdad es la realidad.