POLITICA
Diario Perfil

La verdad del veto de Cristina

El oficialismo (a través de Aníbal F o el propio Nestor Kirchner) tildó a la Ley de Emergencia Agropecuaria aprobada como "un mamarracho". Conozca la realidad de los lugares donde impactaba. Galería de fotos

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| Marcelo Aballay

Vacas muertas, caballos raquíticos, bebederos sin agua y hectáreas enteras sin cultivar. Son las imágenes cotidianas de una región devastada por la sequía, que comenzó durante el mes de enero y que amenaza con seguir acechando a las ciudades del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. En el segundo día del paro del campo, PERFIL recorrió los distritos perjudicados por el veto de Cristina Fernández de Kirchner a Ley de Emergencia Agropecuaria. En Trenque Lauquen, a 400 kilómetros de la Capital Federal, el cuadro es desolador. Los propietarios de un tambo sortearon la sequía comprando rollos de pasto para alimentar a las vacas. No fue suficiente. Tuvieron que desprenderse de la mitad de los doscientos animales para no sacrificar la hacienda completa.

Los distritos de Trenque Lauquen, Pehuajó, Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares y Carlos Tejedor habían sido declarados zona de emergencia agropecuaria y habían sido beneficiados con una rebaja el 50 por ciento en las alícuotas. Pero el veto dejó sin efecto la exención impositiva. Ayer, en Pehuajó, un puñado de pequeños productores acumulaba sobre un costado de la Ruta 5 los huesos de las vacas, corderos y caballos que murieron por la sequía. “A esta altura del año yo tendría que haber fumigado 9 mil hectáreas, no llegué hacer ni un 2 por ciento”, explica Marcelo Santilo, prestador de servicios de fumigaciones terrestres.

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Santilo, un hombre fornido de 40 años, tiene una pequeña empresa con dos empleados en la ciudad. Su padre era un histórico peón de campo, pero, en los últimos meses, se quedó sin empleo desde que sus patrones trocaron las 1.200 hectáreas de ganadería para plantar soja. “Es el Gobierno que promueve la sojización sin incentivar otro cultivo”, reclama Santilo. La desesperación del fumigador se interpreta en los silencios de su relato. Santilo adquirió un prestámo bancario para renovar la maquinaria. “Hoy, no tengo plata para hacer frente a esa deuda.”

Carlos Rossi, de 36 años, combinaba en el campo de su familia el trabajo mixto; es decir, ganadería y agricultura. Por la sequía de enero, de 400 vacas se redujo a 45 e incentivó el cultivo de soja. “Pehuajó es casi todo soja, pero hay otra salida porque para muchos una actividad subsidia la otra”, explica. Indignado, Rossi cuestiona a los grandes pooles de siembra o fidecomisos para cultivo. “Viene a la ciudad, arriendan miles de hectáreas, contratan servicios del exterior y no dejan un peso. A ellos el Gobierno no los perjudica”, dispara. Toma aire. Y luego agrega: “Con el veto de Cristina Fernández se nos fue una última luz de esperanza”.

Daniel Braco, dirigente de la entidad Federación Agraria, sugiere lo mismo. “La Ley de Emergencia Agropecuaria era un gesto, un símbolo para el diálogo. No era más que eso”, dice mientras interrumpe una reunión con dirigentes de las entidades rurales en la localidad de Junín. “Por la sequía, en mi caso estoy un 20 por ciento por debajo de la producción de los últimos cinco años.” En esta región “la seca”, como popularmente apodan al fenómeno climático, causa estragos también naturales. Ayer, en el trayecto de 9 de Julio a Bragado, tres dotaciones de bomberos intentaban apaciguar las llamas de dos incendios en distintos campos ubicados al costado de la ruta. El fuego de uno de ellos alcanzó a un Volkswagen Polo con cuatro ocupantes.

 

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