En la sede de Madres-Línea Fundadora de la calle Piedras, distintas agrupaciones de Derechos Humanos manifestaron hoy su posición oficial sobre el secuestro y posterior aparición del militante kirchnerista Luis Ángel Gerez.
Mediante un comunicado, la agrupaciones destacaron el papel del Gobierno, del cual destacaron su “decisión política de emplear todas las fuerzas del Estado para recuperar –a Gerez- con vida”.
También destacaron la participación del presidente Néstor Kirchner: “Tuvo una actitud firme y clara: quienes pretenden sembrar el miedo y paralizar la justicia se están levantando contra el Estado de derecho”.
Por otra parte, las organizaciones criticaron la actitud de los partidos políticos opositores, que “pretenden sembrar dudas sobre los hechos y piden investigar a las víctimas”. Algo que “conocemos muy bien pues lo mismo nos sucedía durante la dictadura cuando denunciábamos las desapariciones de nuestros familiares”, agregaron.
“No nos extraña que los mismo que dudan sobre la gravedad de los sucedido sean también los que intentan bloquear el avance de la justicia y demandan amnistía y reconciliación”, apuntaron.
Sin embargo, el escrito destacó sobre el caso que “no se trata de un gobierno sino de la democracia. Por ello es imposible negociar o realizar concesiones, porque no se puede tener una democracia si se perdona a los criminales”.
En otro punto solicitaron que tanto las fuerza de seguridad como los fuerzas armadas “deben proporcionar toda la verdad de lo que ocurrido con cada uno de los detenidos desaparecidos” mientras que pidieron el suministro de “las listas de los niños apropiados y la identidad de sus apropiadotes”.
No se olvidaron del Jorge Julio López, quien está desaparecido hace más de 100 días después de declarar en el juicio que condenó a reclusión perpetua al represor Miguel Etchecolatz.
“Sin demora, todas las autoridades deben investigar los hechos de intimidación y violencia contra víctimas y testigos. Es necesario saber si los grupos que intentan desestabilizar el proceso de justicia tienen un vínculo con las instituciones de la democracia”, relataron.
Pidieron que el Estado “no puede demorar una protección para las víctimas, los testigos y los defensores de derechos humanos. Esto debe hacerse en diálogo con los organismos de derechos humanos y destinando recursos y funcionarios idóneos.
Finalmente, señalaron que las fuerzas policiales y sociales “deberán estar a la altura que requieren las circunstancias: deben entender que la justicia por los crímenes del terrorismo de estado es una obligación y no un revanchismo, que la defensa de los derechos humanos es un deber, deben entender que quien usa métodos violentos para impedir la justicia está atentando contra el estado de derecho”.
