Un grupo de víctimas de los crímenes del franquismo, conformado por treinta personas, se encuentra en Argentina desde hace apenas horas para sumar su testimonio a la querella instrumentada por la jueza María Servini de Cubría contra los delitos que España se niega a juzgar. Esto permitirá a Servini de Cubría emitir nuevas imputaciones en la causa.
PERFIL recabó las historias de los afectados en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas minutos antes de salir rumbo a Buenos Aires.
Ascensión Mendieta es una de las querellantes que declarará ante la magistrada argentina. “Tengo 87 años y aún espero justicia”, le dice a PERFIL; acompañada por sus hijos y nietos en el aeropuerto. “A las 48 horas de terminada la guerra, vinieron a por mi padre, lo torturaron y, luego de un simulacro de juicio, lo fusilaron en el cementerio de Guadalajara”, recuerda. “Mi madre logró identificar la tumba: su cuerpo es el segundo desde el suelo y por debajo de otros dieciocho que aún están apilados sobre él, porque la fosa en la que yace nunca ha sido abierta”, detalla. Timoteo Mendieta, su padre, es uno de los 822 republicanos que fueron asesinados por el régimen franquista en el cementerio de Guadalajara entre 1939 y 1944.
La causa contra el franquismo en Argentina fue abierta el 14 de abril de 2010 tras la negativa de la Justicia española a investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. La Constitución argentina reconoce el principio de la jurisdicción universal para juzgar a los culpables de los delitos de lesa humanidad.
El 3 de marzo de 1976, la ciudad de Vitoria-Gasteiz sufrió la mayor agresión de su historia contra la clase obrera. Cinco trabajadores fueron asesinados y más de cien resultaron heridos, la mayoría de bala, debido a los disparos de la policía española al desalojar la iglesia San Francisco de Asís, en cuyo interior se reunían 5.000 trabajadores en huelga general.
“La policía atacó la iglesia con gases lacrimógenos, la gente comenzó a salir en masa, entre los disparos indiscriminados de la policía”, cuenta Andoni Txasko por entonces de 20 años, que fue brutalmente golpeado, lo cual le provocó la pérdida del ojo derecho.
Andoni se apersona en la causa a nombre de la Asociación de Víctimas 3 de Marzo con el objetivo de lograr el procesamiento del ex ministro Rodolfo Martín Villa, a quien se responsabiliza de la muerte de los cinco trabajadores. Martín Villa es el suegro de Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia de Mariano Rajoy, ex alcalde de Madrid y actual consejero del Banco Malo, instrumentado para deshacerse de los activos mobiliarios tóxicos en España.
Merçona Puig Antich, hermana de Salvador Puig Antich, un catalán de 25 años asesinado el 2 de marzo de 1974, a garrote vil –un sanguinario mecanismo medieval, presente en España hasta 1978, que consistía en un collar de hierro atravesado por un punzón también de hierro que un verdugo introducía por la parte posterior del cuello de la víctima destruyendo sus vértebras cervicales–. Una muerte lenta y dolorosa que se transforma en una tortura. “Salvador sufrió mucho porque su verdugo no sabía matar bien. Lo tuvo sufriendo por veinte minutos”, agrega Merçona.
La historia de Salvador fue recreada en cine. “Esta causa supone quizá la última oportunidad de que el Estado español revoque la sentencia que condenó a muerte a mi hermano, retire los cargos y pida perdón por el daño que nos ha causado”, dice Mercona.
Los querellantes se reunirán en Buenos Aires con el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y con Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, junto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.
