A cuarenta y un años del comienzo de la última dictadura cívico-militar, el universo total de acusados por delitos de lesa humanidad tiene más libres que detenidos. Mientras que hay 1.120 presos, 1.285 están libres y otros 49, prófugos. El mayor porcentaje de los detenidos está en unidades penitenciarias, mientras que el resto tiene arresto domiciliario.
Los números se desprenden de las estadísticas realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hasta el último 20 de marzo y que también dan cuenta de que 430 acusados fallecieron antes de que finalice el proceso en su contra, 60 después de haber sido condenados y uno luego de ser absuelto. El 85% de los acusados son militares o miembros de fuerzas de seguridad y un 11% son civiles (sobre el restante no hay datos).
Desde 2006, cuando se reabrió el proceso de juicios por delitos de lesa humanidad, “hubo 176 juicios en todo el país que ya finalizaron, 15 están en curso, 53 causas están elevadas a los tribunales orales, con lo cual están cerca de llegar a la instancia de debate y otras 188 están en etapa de instrucción”, enumeró a PERFIL Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS.
Como resultado de esos debates, “hubo 755 condenados, 75 absueltos y 196 con falta de mérito”, detalló Palmas Zaldúa. Y agregó que esos números dan cuenta de “procesos de justicia que están funcionando respecto de lo que se puede probar y lo que no”. Con decisiones que pueden ser “cuestionables” para ellos como querella y con jueces que son quienes evalúan la prueba, todo se da con “respeto” a los procesos de justicia. Algo que sostiene Palmas Zaldúa derriba “los discursos que reproducen ciertos sectores que hablan de persecución y presos políticos”. Y suma como otra muestra más de ello que “también hubo 66 sobreseídos”.
Consultada por cambios en el curso de los debates en la gestión de Cambiemos, Palmas Zaldúa explicó que los debates siguen su curso, pero resaltó que el mensaje más alarmante es que el presidente Mauricio Macri hable “de violencia institucional, debilitando el concepto de terrorismo de Estado”. Y consideró que ese “mensaje lavado respecto de los 70” y “que apunta a desprestigiar” puede tener impacto en los jueces. En ese sentido señaló el fallo de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que en junio pasado anuló la sentencia que condenó a cadena perpetua a tres acusados por la Masacre de Capilla del Rosario.
Presos. De los condenados, 304 están en unidades penitenciarias, 5 en unidades militares y 231 tienen arrestos domiciliarias. El número varía levemente con los que están procesados con prisión preventiva. “No cuestionamos las prisiones domiciliarias siempre que se den los requerimientos necesarios para hacerlo”, explicó Palmas Zaldúa e insistió en el tema de los controles posteriores.
La custodia de los detenidos está en manos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), desde donde explicaron a este diario que “dónde se los aloja y por qué es una decisión de cada juez”. Y detallaron que la mayoría de los presos por delitos de lesa humanidad está alojada en el penal de Marcos Paz. En la unidad IV de ese predio de 120 hectáreas, hay un pabellón creado para alojar internos de fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas.
