Por denunciar hechos de corrupción, un agrimensor fue despedido de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), un organismo binacional creado por los Estados argentino y uruguayo para aprovechar el río Uruguay en la producción conjunta de energía eléctrica. Por eso, su esposa Ana María Huergo envió una durísima carta a los presidentes de ambos países, Cristina Fernández y José Mujica. El texto fue difundido y desencadenó el escándalo.
Se trata del agrimensor Fernando Alba Posse, quien hasta febrero de este año, cuando fue cesanteado sin explicación alguna, realizaba tareas de medición y evaluación de los terrenos ribereños del río Uruguay en la costa argentina como empleado de la CTM.
En esa tarea es que percibió algunas irregularidades, como las ocupaciones indebidas de algunos terrenos y el excesivo pago de indemnizaciones a propietarios ribereños que sufrieron inundaciones provenientes del lago de la represa de Salto Grande. El monto malversado, por pagos mal realizados y evitados, ascenderían a los 20 millones de pesos.
Tras denunciarlo en varias oportunidades, Alba Posse fue despedido. Pero eso no es todo: el ex empleado de CTM asegura haber sufrido otros tipos de persecuciones y hasta dice haber sido amenazado de muerte.
Según el propio Alba Posse, que envió un mail a Perfil.com denunciando la situación, "los delegados argentinos que componen la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande son nombrados por Decreto Presidencial, o sea que directamente cualquier tipo de abusos de autoridad manchan la investidura Presidencial dado que ejercen un poder delegado por el Estado".
La carta que su mujer envió a los presidentes de Argentina y Uruguay cuenta que, al detectar los hechos de corrupción, su esposo intentó "poner en conocimiento de causa a sus superiores directos" y recomendó "suspender todos los pagos a ribereños hasta aclarar la situación".
Sin embargo, asegura, en ese momento sus denuncias fueron "minimizadas por muchos funcionarios de la CTM", hasta que el por entonces vicepresidente de la entidad, Enrique Stola, también detectó irregularidades y decidió denunciar penalmente estos hechos en julio de 2010.
Según la mujer, tras la repercusión pública del caso y la citación judicial como testigo a su esposo, "comenzaron los padecimientos". Entre los que destaca: "Mi esposo es amenazado de muerte por propietarios ribereños, no recibe ningún tipo de protección o defensa por parte de la empresa, y nadie condenó el hecho oficialmente; sufrió acoso laboral, fue sancionado injustamente, se le ocultó información relevante y luego debió soportar descalificaciones, agravios y amenaza de despido por parte del actual presidente de la Delegación Argentina el Sr Juan Carlos Cresto".
Y agregó en la carta que, en febrero de 2011, "la comisión argentino-uruguaya, integrada por sus presidentes, vicepresidentes y delegados, decidió por votación mayoritaria, la cesantía sin causa de mi esposo y su alejamiento definitivo de la empresa".
En un mail que envió Alba Posse a Perfil.com, destaca que él prefiere mantenerse en reserva porque se encuentra rehabilitándose "de un estrés bastante severo". Sin embargo, denunció: "El gobierno Uruguayo y Argentino con esta cesantía sin causa burlan las Convenciones de Naciones Unidas y OEA contra la corrupción y las leyes de ambos países dictadas al efecto para atacar tan preocupante flagelo a nivel mundial; al no dar protección y estabilidad a denunciantes y/o testigos".
Consultado por Perfil.com, su abogado, Mariano Berges, contó que la carta que enviaron a la Presidenta ya tuvo algunas repercusiones: desde el gobierno ordenaron una investigación interna en la CTM, y le pidió a Cresto que informe sobre los motivos del despido de Alba Posse.
"Nosotros presentamos también una denuncia penal contra Cresto, por sus intimidaciones y amenazas a Alba Posse antes de su despido. Yo fui testigo de esas amenazas, porque no sólo se las hacía a mi defendido, sino a mí también", señaló Berges.
La causa. El caso por presunta corrupción, denunciado en la Justicia por Stola, recayó en el juzgado del juez federal Ariel Lijo, quien investiga manejos irregulares dentro del ámbito de competencia argentina de Salto Grande, donde habría una defraudación por unos 20 millones de pesos, según la acusación a la que accedió Perfil.com.
En su presentación, Stola hizo referencia a un informe oficial que advirtió las irregularidades denunciadas por Alba Posse varios de los expedientes que investigó. Entre ellos, el pago de indemnizaciones a ribereños por daños inexistentes producidos supuestamente por la inundación suscitada en 2009, contó Berges a Perfil.com.
Pero también se detectó que se falsearon planos en la municipalidad de Santa Ana, Entre Ríos, para permitir que algunas personas se beneficiaran: ocuparon terrenos expropiados y consiguieron con esta maniobra fraudulenta ser declarados dueños de esas tierras. Después, algunos de estos ribereños reclamaron ser indemnizados por las inundaciones que sufrieron en los terrenos que no le son propios.
(*) de la redacción de Perfil.com.
