Somos muchos los ciudadanos con hijos y nietos que quizá se encontrarían, a los 16 años, con la posibilidad de votar. Y, más allá de las opiniones personales, quisimos buscar la palabra del presidente de la Corte Suprema de Justicia. El Dr. Ricardo Lorenzetti tiene un hablar de términos explícitos y claridad de ejemplos. Y, periodísticamente, es fascinante seguir su pensamiento.
—Mire –explica–, nosotros tenemos aquí, cuando hablamos de los menores de edad, distintos aspectos. Hay cosas importantes que aclarar. En primer término, en materia civil. Es una cuestión absolutamente distinta. En el proyecto de unificación del Código Civil, nosotros postulamos la capacidad progresiva en materia civil que es, por otra parte, lo que señalan las convenciones internacionales con respecto a los Derechos del Niño y, en general, la Convención que protege los Derechos Humanos. Todas hablan de capacidad “progresiva”. Es darle, gradualmente, mayores facultades. Por ejemplo, actualmente al niño se le reconoce el derecho a estar en juicio y entre los 13 y los 16 años se le reconocen facultades para tomar decisiones personales sobre su cuerpo siempre que no sean lesivas. A partir de los 16, entonces, se le reconocen facultades para disponer de su propio cuerpo. Es decir que hay un reconocimiento de la capacidad progresiva en materia de derecho civil. En materia penal, en cambio, hay mucha discusión acerca de si los 16 años son un límite o no. Es decir, hay muchas propuestas que quieren bajar el límite de imputabilidad. Es un tema que está en discusión en el Congreso de la Nación. Y, en el plano de los derechos políticos, la situación es completamente distinta. Es un tema controvertido. Por un lado, tenemos las experiencias vividas en otros países. No son muchos…
—Brasil es uno de ellos, ¿no?
—Sí. Pero, en realidad, son pocos. No hay una experiencia acerca de cuál es el resultado. Me refiero a una experiencia suficientemente amplia. Hay mucho ir y venir: si los chicos participan; si no participan… En fin, diría que en segundo lugar, creo que este tema tiene que ser valorado en el contexto legal argentino. Hay que ver muchas otras cuestiones antes de darle a los jóvenes (así, sola) esta facultad.
—¿Quizá una costumbre argentina?
—Nosotros tenemos siempre una simplificación de los temas. Y cuando uno dice si un chico puede votar o no… bueno, obviamente puede votar. Nadie puede discutir eso. El problema es el contexto en el cual esto se aplica: ¿tenemos nosotros un sistema educativo que los está capacitando para eso? ¿Estamos favoreciendo el desarrollo de los jóvenes para que puedan ejercer ese derecho? Porque los derechos tienen un presupuesto. En abstracto se puede decir “estoy a favor o en contra”. En principio me parece bien, ¡pero el contexto en el cual uno aplica el Derecho no es tan sencillo! Si hablamos, por ejemplo, de muchos chicos que no tienen educación o que la pierden porque hay mucha deserción escolar… si, además, tenemos problemas de marginalidad social, ahí el tema se vuelve más difícil.
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