Los abogados de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera denunciaron hoy al Estado Nacional como responsable del "deterioro, falta de control y consecuente fracaso de la prueba genética" que se realizó en el Banco Nacional de Datos Genéticos para cotejar con el ADN de los familares de desaparecidos.
También señalaron que ambos hermanos están a disposición de la Justicia y calificaron de "inmoralidad" la postura de quienes "pretenden ocultar las deficiencias de los agentes estatales".
La acusación partió de los abogados Roxana Piña, Alejandro Carrió e Ignacio Padilla e involucró al Juzgado de Sandra Arroyo Salgado, la Policía Federal y el BNDG que "fueron los únicos que intervinieron en la toma de las muestras y la cadena de custodia y control posterior", tras haberse conocido que de las prendas secuestradas el 28 de mayo último surgieron "perfiles genéticos incompletos", por lo que no pudo realizarse la comparación requerida.
"No podemos aceptar que luego de dos allanamientos y una requisa sufridos por Marcela y Felipe Noble Herrera, el Estado no sea capaz de resolver este caso respetando las garantías constitucionales, para terminar con el acoso judicial, político y mediático que están sufriendo", señalaron los abogados en un Comunicado.
Pero además, los letrados se refirieron a las manifestaciones de los ministros Aníbal Fernández, Florencio Randazzo y Julio Alak, quienes hoy habían deslizado sospechas sobre manipulaciones y opinaron "sobre la conducta" que deberían seguir los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble.
Para los abogados, "es grave institucionalmente que organismos vinculados al Gobierno pretendan sugerir alguna responsabilidad de Marcela y Felipe Noble Herrera en el fracaso de una prueba que fue dispuesta, ordenada y llevada a cabo en la forma que ordenó la Juez y que además se hizo sin solución de continuidad entre la audiencia y la concreción de la medida".
Por su parte, el abogado Gabriel Cavallo, representante letrado de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, denunció que ahora las autoridades buscan un "resultado político".
"Ante la ilegítima injerencia del Poder Ejecutivo de la Nación en una investigación judicial en curso, es inadmisible que el Gobierno, una vez más, pretenda interferir mediante especulaciones falsas", sostuvo Cavallo en un comunicado.
El letrado denunció que es "una gravísima irresponsabilidad institucional que un alto miembro del Poder Ejecutivo Nacional hable de hechos que no sucedieron (y que, de haber sucedido, constituirían delito) con la ligereza con la que (el ministro) Aníbal Fernández lo hace, en procura de sembrar confusión en el caso y presionar en un sentido al Poder Judicial de la Nación".
Cavallo señaló que si "Fernández tiene evidencia de la supuesta manipulación de las prendas íntimas de los hermanos Noble Herrera que formule la pertinente denuncia (y se exponga a la responsabilidad por el delito de falsa denuncia), debidamente fundamentada, contra quienes individualice como concretos responsables".
El abogado criticó también a la querellante "titular de Abuelas de Plaza de Mayo", Estela Carlotto, que, dijo, "ha optado (de modo incomprensible) por sugerir responsabilidad en el fracaso de la prueba por parte de quienes, en realidad, han sido y son víctimas del atropello del Estado en estas actuaciones".
Los abogados de los hermanos Noble también dijeron que "son dos ciudadanos argentinos, que estuvieron y están a disposición de la Justicia, que colaboraron siempre con ella y que, sin embargo, parecen no tener las garantías de otros ciudadanos".
Fuente: DyN.
