Los caciques sindicales acumulan causas penales

El año que comienza será un período de definiciones judiciales para algunos de los sindicalistas más importantes de la Argentina. Con los casos de Omar Suárez, el Pata Medina y Marcelo Balcedo como antecedentes, la situación de los denunciados no es en todos los casos similar. Hay causas con fuertes avances, otras que tienen pocas novedades recientes, y algunas que difícilmente puedan prosperar.
En todos los casos, sin embargo, acusados y denunciantes esperan que tras la feria judicial lleguen las definiciones. Uno de los más resonantes es el de Pablo Moyano, adjunto de Camioneros y vicepresidente de Independiente. El hijo de Hugo fue involucrado por el testimonio de dos integrantes de la barra del club de Avellaneda en los negocios que están hoy en la mira de la Justicia.
El viernes pasado, el abogado de Pablo tomó el primer contacto con la causa que tramita en el Juzgado de Garantías de Lomas de Zamora. Los titulares que anunciaban una posible detención y el temor a una “operación” del Gobierno, adujeron allegados al gremialistas, fueron disipados. Cerca del dirigente de fuerte talante opositor aseguran que en el expediente “no hay nada”, más allá de las declaraciones de los barras.

El sindicato de Camioneros también fue este año objeto de una investigación sobre facturas apócrifas, que motivó también el allanamiento del gremio que dirige Luis Barrionuevo y el de su espada en la CGT, Carlos Acuña. La causa es instruida por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Los gremios son solo algunos de las entidades involucradas. Ante la consulta de este medio, los sindicalistas implicados se mostraron despreocupados, porque explican que en todo caso ellos han sido víctimas de los delitos investigados. Aún no hay elementos que los compliquen, al menos por ahora.
Más gravedad tienen las denuncias que afectan al titular del sindicato de petroleros privados, Alberto Roberti. El también diputado nacional enfrenta dos denuncias: por un lado, fue acusado de enriquecimiento ilícito tras la publicación de una nota en la revista Caras donde mostró su casa en el country Abril. Además, lo denunció un integrante de su gremio, Marcelo Turchetti, quien alegó administración fraudulenta. Turchetti fue expulsado, pero la Justicia avanzó y en mayo pasado el juez correccional porteño Marcelo Conlazo Zavalía allanó las oficinas de la federación que dirige y la obra social.

Otro expediente que suma fojas es el que tiene en la mira a Víctor Santa María, titular del gremio de porteros y presidente del PJ Capital, que fue denunciado por la UIF ante la Justicia Federal. Se le imputan maniobras de lavado con una cuenta en Suiza. El dirigente salió al cruce de las acusaciones que tramitan en el juzgado de Claudio Bonadio, el mismo magistrado que decretó la prisión de otras figuras kirchneristas.
El secretario general de la UOM, Antonio Caló, también enfrenta una causa complicada por denuncias de retornos desde una empresa privada de seguros históricamente ligada a los metalúrgicos, El Instituto del Seguro SA, del fallecido Julio Raele. El expediente tramita en el fuero penal económico, y motivó hace ya tres años la imputación de Caló y el resto de la dirección del poderoso sindicato. Hubo avances en la instrucción, pero no novedades sobre la situación procesal del dirigente.

El rechazo a la intervención de los gremios
Además de tener a varios dirigentes en la mira, la irrupción de la Justicia como un factor de fuerte influencia en la política gremial también alcanza a los afiliados con las intervenciones de gremios y obras sociales que se impulsan desde diversos juzgados. Esta medida genera fuerte rechazo en el mundo gremial, incluso en los casos como el del SOMU, donde ningún dirigente sale en defensa de Omar “Caballo” Suárez.

Desde distintas organizaciones se denunció que la intervención del gremio marítimo se prolongó por un acuerdo entre la Justicia y el Gobierno con el objetivo de llevar a la baja los sueldos del sector marítimo, que tiene como referencia las paritarias que negocia el SOMU.

Ayer, el integrante del triunvirato cegetista Juan Carlos Schmid criticó el allanamiento del sindicato del caucho, decretado el jueves por la Justicia federal. “El allanamiento es una muestra más del manejo de este gobierno sobre lo sindical. En lugar de actuar con los entes laborales, directamente lo hace un juez penal”, cuestionó Schmid. Su reclamo es que en este tipo de casos actúe el Ministerio de Trabajo y no los jueces, como viene ocurriendo en varios casos.

El titular del gremio del caucho está denunciado ante el Ministerio de Trabajo y la Justicia por problemas en la última elección, algo similar a lo que ocurrió en otros sindicatos que resultaron intervenidos, como el de los guardias de seguridad o el de canillitas, que dirige Omar Plaini.

Este último fue el que más rechazo despertó, porque se denunció como una medida con intencionalidad política dirigida contra el titular del gremio, hoy cercano al kirchnerismo.