Los gobernadores del PJ apuestan a que el juego no pase a la Ciudad

Los gobernadores peronistas se oponen a que el juego sea traspasado a la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Mauricio Macri dispuso por decreto la creación de una comisión que en 120 días deberá analizar cómo concretar ese traspaso, que haría que tanto el Hipódromo de Palermo como el Casino Flotante comiencen a tributarle a la Jefatura de Gobierno.
En la actualidad, las ganancias del juego se distribuyen a las provincias. El malestar de los gobernadores se plasmó en un pedido de informes que hizo el jefe de la bancada del PJ, Miguel Pichetto, al oficialismo.
“Informe si existe un mecanismo de compensación que permita suplir la merma de recursos federales en virtud de lo dispuesto en el decreto (del presidente Macri)”, dice uno de los puntos del pedido de informes que lleva además la firma de Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador salteño, y del bonaerense Juan Manuel Abal Medina.
También pone bajo la lupa la legalidad de ese decreto. “Explique cuáles son los fundamentos jurídicos para determinar la jurisdicción a la que estará sometida la explotación de los juegos de azar en el Hipódromo de Palermo y en el Casino Flotante”, precisa el pedido de informes.
En sus fundamentos, sostiene que la actual distribución de los dividendos que se producen por el juego va al Ministerio de Desarrollo Social para inversiones en todo el país y que un traspaso a la Ciudad sería en detrimento de estas políticas.
Afirma que la jurisdicción se estableció por convenios que firmó la propia Ciudad de Buenos Aires. “Ya de antes del año 1900 se consideraba que lo deducido del juego iba a políticas de acción social a nivel federal”, dice el proyecto elevado por Pichetto en la semana.
Este proyecto se presenta en el contexto de la pelea que mantiene el gobierno nacional con el empresario Cristóbal López, hasta ahora uno de los reyes del juego, pero que decidió vender una parte grande de sus acciones a uno de sus socios. La pelea en el Senado pasa por otro lado: la distribución de fondos para las provincias y las políticas federales de acción social que se verían perjudicadas con el traspaso del juego a la Ciudad.
Aún se desconoce si este pedido de informes se transformará, en el futuro cercano, en un proyecto de ley para rechazar el traspaso del juego. Lo que sí se sabe es que los gobernadores están preocupados.