Aunque parezca increíble, el delito “corrupción” no existe hoy en el Código Penal. La comisión especial que redactó el proyecto para el nuevo Código Penal lo tuvo en cuenta y le permitirá ahora al Congreso debatir sobre esa figura penal, un mal que aqueja a los políticos cuando son gobierno y sobre el que batallan cuando son oposición. Será una forma de compensar los retos del Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la hora de los incumplimientos con la Convención para Combatir el Cohecho, señalaron a PERFIL fuentes judiciales.
En marzo, el organismo al que la Argentina pretende ingresar había recordado que “desde hace 16 años” el país sigue “sin poder responsabilizar a las empresas por el cohecho internacional ni procesar a los ciudadanos que cometan este delito en el extranjero”.
En los pasillos de los tribunales de Retiro, jueces y fiscales son conscientes de los cambios que se buscan con el nuevo Código Penal. “Sabemos lo que vimos en los diarios, pero falta mucho. A nosotros nos toca aplicar la ley, la que sea”, dijo uno de los magistrados consultados. Piden prudencia a la hora de los análisis, aunque en principio parecen ver con buenos ojos los cambios. Algunos subrayan que al menos a la cabeza de la redacción del proyecto estuvo el juez Mariano Borinsky, quien –como fiscal primero y ahora como integrante de la Casación– conoce los vericuetos y atajos por los que se pueden diluir las acusaciones contra los funcionarios sospechados de corrupción.
Pero los habitantes de Py –encargados de investigar la corrupción– sostienen que el problema no es cómo se nombre a los delitos (hoy existen las figuras de cohecho o negociaciones incompatibles con la función pública), sino que el nuevo Código establezca nuevos instrumentos para combatirlos. Allí mencionan la ley de responsabilidad empresarial, el decomiso de bienes, la ley del arrepentido, un análisis exhaustivo sobre la figura de enriquecimiento ilícito o pautas claras a la hora de aplicar penas alternativas, que también figuran en el proyecto. “Si todo eso no está claro, no va”, reflexionó ante PERFIL un integrante del edificio.
Si el proyecto todavía no es conocido por todos, lo que con certeza nadie sabe es qué terminará aprobando el Congreso. “Va a haber que estar atentos a la letra chica”, dijeron las fuentes a PERFIL. No sería la primera vez que las cosas cambian sobre la marcha: le pasó al presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti durante el Gobierno de Cristina Fernández con la reforma del Código Civil. En el Congreso hubo innumerables modificaciones que frustraron el “espíritu” del proyecto original y dejaron caer propuestas como la responsabilidad civil del Estado o el criterio del comienzo de la vida.
Un detalle sobre el nuevo Código Penal es cuándo se aprobará y quiénes serán los alcanzados por los nuevos delitos: se supone que una la ley no se aplica para atrás, remarcaron las fuentes consultadas. Es que después de un 2017 en donde el Gobierno logró expulsar a un camarista y puso en la mira a jueces y fiscales, lo que menos interesa en el edificio de Retiro es debatir una lógica que no figura en ningún papel pero muchos aplican con fuerza de ley: la discrecionalidad para descubrir delitos cuando cambian los tiempos políticos y la rapidez o lentitud de las investigaciones judiciales.
