El habitual bajo perfil del juez federal Luis Rodríguez voló por el aire esta semana. Fue luego de que se conociera el pedido del fiscal Carlos Stornelli de detener al ex ministro Julio De Vido; su segundo en el Ministerio, Roberto Baratta; y otras 21 personas.
El requerimiento dejó a Rodríguez en el centro de la escena, pero el magistrado no alteró sus formas, las consolidó más que nunca. Hermético y puntual, Rodríguez ocupa su despacho del cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py desde fines de 2012, cuando llego con el impulso del auditor Javier Fernández, padrino de la hija del juez, amigo de De Vido y hombre de confianza del ex director de Operaciones de la ex SIDE, Antonio Stiuso. Rodríguez venía de ser juez de Instrucción.
En el fuero federal, debió intervenir en las amenazas de muerte contra el fallecido fiscal Alberto Nisman y del propio Stiuso; y en el expediente por enriquecimiento ilícito contra De Vido, por el que allanó varias de sus propiedades el año pasado. También elevó a juicio oral una causa contra el dirigente Luis D'Elia por antisemitismo.
Reservado, formal y extremadamente ordenado, para llegar al fuero federal Rodríguez debió sortear la impugnación que le hicieron el CELS y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos de derechos humanos. Presuntas irregularidades en el concurso para el cargo y una supuesta afición a coleccionar objetos nazis fueron los principales puntos en su contra.
Luego de rendir el examen, Rodríguez integró la lista complementaria de candidatos a ocupar el juzgado federal que hoy detenta. Sin embargo, terminó entre los cuatro candidatos que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mandó al Senado. Fue denunciado por haber solicitado, a través de su secretaria en el Juzgado, copia de un fallo similar al que días después debió rendir en el examen. En ese mismo concurso, otro concursante, Carlos Ferrari, que trabajaba junto a Javier Fernández en la AGN, también fue denunciado por haber citado en su examen 43 fallos, once de la Corte Suprema estadounidense, lo que hizo suponer que había tenido acceso al examen antes de rendirlo. Ambos fueron investigados por María Servini de Cubría, quien absolvió a Rodríguez y Ferrari y a los cuatro jurados.
Sobre la supuesta colección de objetos nazis, el magistrado siempre sostuvo ser un coleccionista de piezas de la Segunda Guerra Mundial, en especial de las fuerzas británicas.
Una vez en su cargo, en 2013, quedo en medio de otro caso que rozó el escándalo. Fue luego de una denuncia del Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Cristina Caamaño, contra el subdirector de asuntos jurídicos de la Policía Federal, Marcelo Pecorelli, por tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros delitos. Entre las escuchas de la causa, surgieron charlas del magistrado, que salió airoso del caso.
Fue blanco de los medios cuando decidió sobreseer a Carlos Luizzi por supuesto enriquecimiento ilícito.
Liuzzi era la mano derecha de Carlos Zannini en el gobierno de CFK.
