Pese a la resolución de la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias que la Corte Suprema resolvió ayer, se registró un inesperado malestar de jueces federales y nacionales. El descontento se fundó al considerar que se trató “sólo un discurso, ya que otorga tres meses de ventaja al Gobierno que podrá direccionar causas sensibles como Hotesur, el Memorandum con Irán, la causa Chevron, entre otras”, denunciaron a Perfil.com magistrados preocupados.
La resolución declaró “inconstitucional” la ley 27.145, que el kirchnerismo empleaba para designar jueces subrogantes a través del Consejo de la Magistratura, con mayoría simple de siete votos en “clara vulneración a la Constitución Nacional” y afectaba la “independencia judicial”, expresaron los ministros por unanimidad.
“La Corte borra con el codo lo que escribe con la mano” explicaron a este medio los denunciantes que consideran “inconsistente y contradictorio” el fallo del Máximo Tribunal.
Para los funcionarios judiciales, tal como lo establece la jurisprudencia nacional e internacional debieron avalar la labor de los jueces subrogantes en resguardo de la “seguridad jurídica”, pero no darles “ventaja al Gobierno con plazo a futuro”.
El máximo tribunal resolvió que todos los magistrados nombrados por esa vía deben cesar en sus funciones en tres meses. Sólo podrán continuar los jueces penales que ya estén interviniendo en audiencias de debate oral y público, hasta dictar sentencia, según explica el fallo. Sin embargo, los críticos resaltaron que “la ventaja extraordinaria” que los ministros le dieron al Gobierno en su ocaso facilitaría que “adecuen sus causas a sus intereses como lo vienen haciendo”.
“Estanos analizando pedirle una reunión a Lorenzetti”, sentenciaron. “Si nos pide unidad a los magistrados no puede luego avalar las irregularidades del oficialismo”, reiteraron indignados.
La lectura del Gobierno se orienta a que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, apuró la resolución que podría haberla sacado antes o después del balotaje pero no ahora, destacaron fuentes cercanas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Las voces oficialistas resaltaron entre los antecedentes de la Corte, el caso del 2012 en que los ministros optaron por “no condenar las candidaturas testimoniales para las elecciones de 2009” referidas las aspiraciones a diputados de Daniel Scioli y Sergio Massa que habían sido avaladas por la Cámara Nacional Electoral.
Así, tres años después de esas legislativas, la Corte declaró “abstractos” los planteos de impugnación a las candidaturas testimoniales del kirchnerismo para la Cámara de Diputados, pero sin pronunciarse sobre su validez. Por entonces, esa decisión desató la ira por parte del radicalismo quien apuntaba a que la Corte dejara sin sancionar una conducta que si bien no pudo ser atacada por ilegal, fue cuestionada en lo ético. En ese momento el poder del kirchnerismo era incuestionable, pero en el final de la gestión, lo leen como una “provocación” de la Corte, destacan una y otra vez.
Los voceros de la Corte ante la consulta de Perfil.com se retrotrajeron al fallo al que consideran “ajustado a la ley”. Los ministros deben velar por la seguridad jurídica y velar por los derechos y garantías de las personas.
Como lo dice el texto, la metodología establecida por la ley de subrogancias, “afectaba la independencia del poder judicial”, reiteraron cercanos a los ministros.
