El marcado incremento en la obra pública no puede ser menos que bienvenido, más aún considerando los severos déficits en el conjunto de la infraestructura. Pero no por ello podemos dejar de observar la forma en que se efectúa gran parte de ella.
El caso del OCCOVI es un buen ejemplo: la función principal del organismo es el control de las concesiones viales, pero su presupuesto está destinado en un 96,5% a la obra pública.
Entre sus fuentes de financiamiento se encuentra el Fondo Fiduciario para el Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT). El Estado asignó la recaudación de un impuesto particular (el impuesto al gasoil) al mencionado fondo fiduciario, con lo cual ya los fondos no se encuentran sometidos al conjunto de la legislación pública destinada a controlar su adecuada asignación.
Lo que hace menos razonable todo esto es que, a la vez, este fondo luego los transfiere a organismos públicos. Los fondos destinados al Occovi no son los únicos, Vialidad de la Nación también los recibe. Las transferencias previstas para 2007 por parte del SIT a estos organismos totalizan 969 millones.
Este tipo de manipulaciones legales de los fondos públicos carece de razonabilidad, disminuye la necesaria transparencia y da fundamentos a cualquier planteo respecto de la honestidad de los funcionarios. El punto es más grave cuando sucede en un ministerio que hace años es cuestionado por ello.
* Economista especializado en finanzas públicas.
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