Los apuros del Gobierno para implementar la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que obligará a los grandes multimedios a cambiar su radiografía desprendiéndose de varias de sus radios y/o canales de TV, se le está volviendo en contra. Esta semana anunció con bombos y platillos la puesta en funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CFCA), que, a su vez, designará el lunes a dos representantes en la autoridad de aplicación que será la encargada de guiar la manera y los tiempos en que desinvertirán las empresas. Su conformación está prevista en las intenciones oficiales para el 10 de diciembre. Pero la creación del Consejo es cuestionada.
Ayer, el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Gustavo Lugones, le envió una carta al titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las casas de estudio públicas, en la que le pide que rectifique la resolución por la que el CIN designó a Omar Turconi y Eduardo Seminaro, como sus representantes en el CFCA, ya que “la Universidad Nacional de Quilmes, entre otras universidades nacionales, no ha sido consultada por la presidencia del CIN a la hora de establecer candidaturas, pese a contar con carreras de grado de Comunicación Social en las condiciones previstas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nº 26.522.”
