La alianza oficialista Cambiemos fracasó en Diputados en su intento por aprobar la ley que promueve la contratación público-privada para obras públicas, luego de que el kirchnerismo se impusiera en una ajustada votación a favor de una moción de orden que proponía el retorno del proyecto a comisión.
La moción de orden fue impulsada por el diputado Abel Furlán y la votación nominal, pedida por el jefe del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, terminó con 107 votos a favor de que la propuesta vuelva a las comisiones de Legislación General y Presupuesto, con el respaldo de la mayoría de los legisladores del Frente Renovador que encabeza Sergio Massa.
En tanto 106, en su mayoría de la alianza Cambiemos, se manifestaron en contra la moción del legislador kirchnerista, mientras que ocho legisladores se abstuvieron.
De esta manera, el oficialismo sumó su segundo golpe en 24 horas porque la sesión especial de hoy iba a ser convocada para tratar la reforma del Ministerio Público, pero finalmente esa propuesta se postergó debido a la falta de acuerdo entre los propios socios de Cambiemos.
En el inicio del debate, el macrista Daniel Lipovetzky defendió la propuesta enviada por el Ejecutivo y como miembro informante apuntó que "la presencia del sector privado cada vez se hace más importante para lograr un mayor desarrollo" y apuntó que esta condición "lo entendió el propio gobierno anterior cuando en el año 2005 dictó un decreto que regulaba las participaciones público-privada".
Sin embargo, el legislador sostuvo que "este tipo de regulaciones es conveniente hacerlo por una ley de manera de darle mayor transparencia" porque "en la Argentina la mejora en infraestructura es muy necesaria".
Por su parte, el ex ministro de Economía; Axel Kicillof, alertó sobre "lo peligroso" de que la Cámara apruebe esta iniciativa como vino del Senado y consideró que "es un proyecto equivocado" porque la norma impulsada por el Ejecutivo "convierte al Estado en un rehén del sector privado".
El diputado kirchnerista protestó porque desde el oficialismo se argumenta que "había que flexibilizarlo" al decreto de 2005 firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner y que regulaba la relación entre el sector público y privado, y consideró que esa "flexibilización se hace eliminando controles y atributos del Estado y entregando la jurisdicción al extranjero".
En tanto, la jefa del GEN, diputada nacional Margarita Stolbizer, también se manifestó en contra de la propuesta y acusó al gobierno de Mauricio Macri de "repetir o emprolijar lo mismo que hicieron otros".
"Estamos de acuerdo en llevar adelante un plan nacional con visión estratégica de desarrollo a largo plazo", dijo Stolbizer, quien remarcó que "no son estas las normas que necesita la Argentina" y sostuvo que "este proyecto surge lamentablemente de la aceptación de la incapacidad del Estado para contratar".
El massista Marco Lavagna trató de bajarle el tono a los cuestionamientos y, en ese escenario, expresó su disidencia "con las visiones de que le hacemos cambios cosméticos" al proyecto del Ejecutivo y remarcó que será aprobado con "modificaciones que han sido sustanciales".
Diego Bossio (bloque Justicialista) también aseguró que se hicieron "modificaciones de fondo" al proyecto original para "preservar el Estado" y remarcó que desde el Congreso "no vamos a asegurar ningún riesgo empresario". El ex director de la ANSES sostuvo que para controlar los contratos, que no solo serán sometidos al análisis de la Auditoría General de la Nación, se creará una comisión bicameral para controlar las contrataciones.
