El Gobierno modificó este martes con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que funciona bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia y que tiene a su cargo la Dirección de Captación de Comunicaciones, en medio de la polémica por la reciente difusión de una serie de escuchas judiciales vinculadas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli.
El Decreto 102/2017, publicado en el Boletín Oficial, establece que ese organismo estará integrado a partir de ahora por "dos jueces penales con rango de Juez de Cámara", cuando hasta ahora estaba dirigido por un solo magistrado, que "serán designados por sorteo y actuarán como Director General y Subdirector General, respectivamente".
En tanto, sus mandatos fueron ampliados de uno a tres años, y cumplido ese plazo, el Subdirector reemplazará al Director y se procederá a la designación por sorteo de un nuevo magistrado.
El DNU establece también que "quien haya actuado como Director General no podrá ejercer nuevamente ese cargo hasta transcurrido un periodo de seis años".
La norma determina que, por única vez, se mantienen en sus cargos a los jueces que fueran designados en su momento para esta función por la acordada 2/2016 de la Corte. Se trata de los magistrados Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, Director y Subdirector respectivamente de esta oficina de escuchas judiciales, y cuyos mandatos estaban próximos a vencerse.
"A los efectos de no poner en riesgo el correcto funcionamiento del área durante una etapa crítica de su desarrollo institucional, resulta conveniente posibilitar la continuidad, excepcionalmente y por período determinado, de las autoridades a cargo del referido organismo", se justificó en el decreto.
Asimismo, en los considerandos de la norma el Gobierno explicó porqué dictó la modificación a través de DNU: "El curso de los términos previstos en el Decreto N° 256 del 24 de diciembre de 2015 y la Acordada N° 2/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el lapso pendiente hasta el inicio del próximo período de sesiones ordinarias, impiden seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, por lo que el Poder Ejecutivo Nacional adopta la presente medida con carácter excepcional, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso 3 del artículo 99 de la Ley Fundamental".
En diciembre de 2015, pocos días después de su asunción, el presidente Mauricio Macri transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), que hasta ese momento dependía de la Procuración General de la Nación, a la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que quedó al frente de las escuchas judiciales.
En los últimos días se desató una polémica luego de que trascendieran distintas escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, en distintas conversaciones ocurridas el año pasado con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con otros ex funcionarios kirchneristas.
