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POLITICA / Derechos Humanos
lunes 25 diciembre, 2017

“Muchos jueces en Argentina aplican la prisión preventiva de forma discrecional”

José Vivanco, director para las Américas de Human Rights Wacht, criticó a los magistrados "politiqueros", cuestionó la política de derechos humanos de Cambiemos y lamentó el fallo de Bonadio contra Cristina.

por Mariano Confalonieri

Pacto con Iran. El titular para las Américas de HRW dijo que el fallo de Bonadio es “descabellado”. Foto: cedoc perfil
lunes 25 diciembre, 2017

José Vivanco es el director para las Américas de Human Rights Wacht (HRW), organismo no gubernamental que defiende los derechos humanos en noventa países y tiene sede en Nueva York. Esta semana, la institución difundió un comunicado cuestionando los procesamientos y las prisiones preventivas ordenadas por el juez Claudio Bonadio en la causa del pacto con Irán.

Vivanco respondió por escrito varias preguntas de PERFIL: criticó la discrecionalidad de los jueces y la falta de solidez de la política de derechos humanos de Mauricio Macri.

—¿Considera que hay una persecución política en el caso del pacto con Irán?
—Pareciera que sí. El procesamiento y pedido de desafuero de la ex presidenta y otros 11 imputados en el caso por el memorándum con Irán es tan descabellado que es difícil pensar que no se trata de una persecución judicial. La prisión preventiva está muy mal fundada y no satisface los estándares mínimos que exige el derecho internacional de los derechos humanos. Los argumentos de fondo del procesamiento son sumamente débiles. Bonadio no proporciona pruebas convincentes que respalden que el memorándum con Irán podría haber provocado el levantamiento de las alertas rojas de Interpol. La figura de traición a la patria, además, es una invención caprichosa del juez.

—Esta semana, la Cámara Federal quitó el delito de traición a la patria, pero mantuvo el encubrimiento.
—Estoy sorprendido. Sostener que un acuerdo internacional, así sea malo, puede dar lugar al procesamiento penal de los negociadores resulta un total disparate: imagínese que con este argumento, un tribunal en Colombia podría procesar mañana por “encubrimiento” al presidente Juan Manuel Santos por su negociación en materia de justicia con las FARC. O, incluso, con la misma tesis podría haber terminado preso Raúl Alfonsín por impulsar las leyes de obediencia debida y punto final.

—En Argentina, varios simpatizantes del Gobierno critican los documentos de organismos internacionales con el argumento de que responden a intereses políticos de la oposición. ¿Usted qué piensa?
—Human Rights Watch tiene un récord público de críticas al gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner. Yo personalmente critiqué el acuerdo con Irán, la intentona por socavar la independencia del Poder Judicial o el nombramiento del general (César) Milani como jefe del Ejército. De cualquier modo, se trata del comentario típico de aquellos que los ciega el odio, su ideología o el miedo y no tienen argumentos. Lamentablemente no es algo muy inusual.

—Un sector de la oposición sostiene que hay presos políticos.
—No hay presos políticos en Argentina. Lo que parece ocurrir es que hay jueces que están intentando ganar puntos con el gobierno actual y con un sector del electorado que tiene un enorme hastío por las gravísimas denuncias de corrupción contra funcionarios del gobierno anterior. Y en esto hay dos puntos relevantes: el ímpetu con el que avanzan algunas y el uso de la prisión preventiva. Muchos jueces en Argentina, y en buena parte de América Latina, aplican la prisión preventiva de forma habitual y discrecional. Desafortunadamente hace años que los gobiernos democráticos argentinos conviven con estos jueces politiqueros. Eso le hace un gran daño al Estado de derecho en el país.

—¿Cómo ve la política de derechos humanos de Macri?
—El gobierno del presidente Macri ha tenido claroscuros. Tuvo un comienzo alentador en algunos sentidos: denunció los presos políticos en Venezuela, derogó el memorándum con Irán, y aprobó una ley de acceso a la información pública. Pero luego pareció perder la brújula. Propuso a la CIDH un candidato impresentable; limitó el acceso de activistas a la cumbre de la OMC, sin dar explicaciones serias; y también vimos declaraciones muy preocupantes de algunos funcionarios en relación con el uso de la fuerza durante protestas luego de la muerte de Rafael Nahuel presuntamente en manos de la Prefectura. Espero que el Gobierno recupere la brújula en materia de derechos humanos pronto. ¿Cómo va a integrarse al mundo sin una política clara y consistente de derechos humanos?


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