El gobierno militar sirvió para “evitar el asalto de la subversión marxista” afirmó con seguridad el represor del III Cuerpo del Ejército durante la última dictadura, Luciano Benjamín Menéndez, en su último alegato frente al Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba. Responsable del campo del Grupo de Operaciones (OP3), que funcionaba en convivencia con el centro clandestino de detención “La Perla”, el general retirado, de 81 años, fue condenado a represión perpetua en cárcel común, tras haber gozado del indulto concedido por Carlos Menem.
Nacido el 19 de junio de 1927 en el partido bonaerense de San Martín, Menéndez comandó el III Cuerpo del Ejército, con sede en Córdoba, desde 1975 a 1979. Desde allí lidero uno de los centros de detención más sanguinarios de la última dictadura militar. Pese a ser condenado con el retorno de la democracia (estuvo preso dos años desde 1987), Menem le concedió el indulto en 1989 junto a otros jefes militares. Sin embargo, con la derogación de la amnistía efectuada por el ex presidente riojano, el represor fue procesado por delitos de lesa humanidad.
Menéndez es tristemente reconocido por ser uno de los asesinos más célebres del Norte argentino junto con el tucumano ex gobernador Antonio Domingo Bussi. Integrante de grupo de militares denominados “duros”, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército está implicado, entre otras causas, en la llamada Masacre de las Palomitas, que consistió en una serie de asesinatos ocurridos en julio de 1976 en la provincia de Salta. El general retirado también es recordado por su interés en entrar en guerra con Chile en el Conflicto del Beagle.
“Si nos dejan atacar a los chilotes, los corremos hasta la isla de Pascua, el brindis de fin de año lo haremos en el Palacio de La Moneda y después iremos a mear el champagne en el Pacífico”, supo declarar Menéndez, en el marco de la amenaza de un conflicto bélico con Chile. Protegido por el gobierno democrático de Fernando de la Rúa (rechazó distintos pedidos de extradición del juez español Baltasar Garzón), “Cachorro” cayó en desgracia cuando en octubre de 2005 la Cámara Federal de Córdoba declaró la inconstitucionalidad de ese perdón.
Con prisión preventiva desde el 22 de septiembre de 2003, Menéndez cumplió arresto domiciliario en su casa de Bajo Palermo de la ciudad de Córdoba; antes de comenzar el juicio pasó a estar preso en la sede del III Cuerpo del Ejército. El represor se caracterizó a lo largo del juicio en mostrar una absoluta ausencia de autocrítica; durante el proceso judicial reivindicó las acciones de las dictadura y dijo que “los guerrilleros de los '70 estaban en el poder". El asesino condenado a prisión perpetua se mostró ofendido cuando en una de las jornadas del juicio fue llamado “ex general”.