La resolución del caso por la muerte del fiscal especial Alberto Nisman tendrá consecuencias económicas para sus sucesores, más allá de las derivaciones políticas de la definición a la que arribe la investigación a cargo de la fiscal Viviana Fein. Este dato cobra relevancia porque su ex mujer, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, puso las cuestiones patrimoniales en el centro de la escena al señalar la existencia de una cuenta conjunta con el técnico informático Diego Lagomarsino, como reveló PERFIL en su edición de ayer.
Según pudo reconstruir este medio a partir del testimonio de funcionarios y allegados a la familia, Nisman tenía, al menos, dos pólizas. Una a través del Banco Provincia, que cubre a todos los empleados del Ministerio Público Fiscal, y otra, privada, a través de Swiss Medical Group. El monto asegurado sería de millones de pesos. Además, Fein no descarta pedir información a empresas extranjeras sobre otras pólizas que podría haber contratado en el exterior.
Si la investigación, caratulada por el momento como “muerte dudosa”, derivara en la conclusión de un suicidio como causa de su fallecimiento, ello impediría el cobro del seguro. Por el contrario, si se comprueba que ha ocurrido un “magnicidio”, como sostiene Arroyo Salgado y su equipo de peritos, también podría abrirse la posibilidad de una demanda millonaria contra el Estado porque éste había asumido la responsabilidad de custodiarlo como responsable de la investigación del atentado contra la AMIA que segó la vida de 85 personas.
La ex mujer de Nisman ya inició los trámites para el cobro de las pólizas de seguro, pudo saber este medio. También gestionó el cobro del pago de vacaciones adeudadas que, indicaron fuentes del Ministerio Público, asciende a un importante monto porque en los registros no figuraban como tales sus viajes a Cancún o Europa, que son de público conocimiento por la investigación de su muerte.
El abogado especializado en seguros Damian Linari, del estudio Vitale, Manoff, Feilbgen, explicó a PERFIL que el cobro de un seguro de vida requiere que sea reclamado antes de que transcurra un año y que sólo en el caso de que se compruebe que fue por un suicidio, la empresa podría resistir el cobro –siempre que se ajuste a las cláusulas más usuales, que suelen excluir las muertes autoinfligidas– de la cobertura. “En caso de que quede como una muerte dudosa, sin que se determinen las causas, el pago se debe realizar igual”, indicó Linari.
