Ya lo decían las paredes del barrio de mi infancia: Perón vuelve. Debí esperar la adultez para comprender lo que en realidad querían decir: Perón siempre vuelve. No importa que acaben de enterrarlo. Vuelve igual.
No es complicado comprender las razones de las piruetas del Gobierno, que después de la amable requisitoria de las 62 Organizaciones: “No jodan con Perón” pasó del “No hay impunidad para nadie” a un más prudente “El Gobierno es prescindente”, seguido por el latiguillo: “La oposición usa con fines electorales el juicio a Isabel”. Aún más significativas fueron las declaraciones del diputado Carlos Kunkel, participante en 1974 de aquel diálogo entre la Juventud Maravillosa y su líder en el cual el General anunció lo que se venía: “Puestos a enfrentar la violencia con la violencia, tenemos más medios para aplastarla. Y lo haremos a cualquier precio, no estamos aquí de monigotes”.
En un reportaje que siguió al “No jodan”, Kunkel se tomó el trabajo de sostener que “Perón ni remotamente tuvo que ver con la Triple A. Y la señora de Perón, no creo”. Después se produjo un curioso diálogo (Periodista: “Perón elogió a los militares que defendieron el cuartel de Azul contra el ERP”, Kunkel: “¡Pero más vale! No te cuento qué habría hecho yo si hubiera tenido posibilidades de hacerlo”). Al fin, la bocca della verità kirchnerista aclaró que no hablaba por hablar: “[el Presidente] no debe tener una línea de razonamiento muy distinta a la mía”. No hubo desmentidas.
Una lectura lleva a suponer que el Gobierno reculó ante el “no jodan” sindical. Una menos lineal permite imaginar que concluyó que esto no terminaba en Perón sino en los Montoneros, por lo que era mejor usar a Perón y su esposa como escudos.
En efecto, muchos argentinos han empezado a preguntarse si es legítimo condenar los infames crímenes de los setenta excepto los cometidos por guerrilleros. Sostener que los crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto: imprescriptibles, son sólo aquellos cometidos por el Estado, como han hecho el Gobierno y la Corte Suprema, va en contra del Estatuto de la Corte Penal Internacional del que la Argentina fue uno de los primeros firmantes y que tiene rango constitucional, que dice: “Se entenderá por crimen de lesa humanidad... la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1º [asesinato, exterminio... encarcelación, persecución de un grupo... actos inhumanos] contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización”. Y nadie puede desconocer que todas y cada una de estas aberraciones fueron cometidas por dos organizaciones: el ERP y los Montoneros.
Finalmente: los indultos, todos ellos, constituyen una violación de los principios sobre los que se asienta una república. Cuando un presidente absuelve a un criminal viola el estado de derecho, cuya cláusula fundacional es que todos los ciudadanos están sometidos a la ley. Además, que una disposición del Poder Judicial sea reducida a la nada por el PEN constituye una violación escandalosa de la división de poderes. De estas elementales razones se desprende que si Kirchner fuera quien dice ser, debería anular todos los indultos y declarar nula su propia capacidad de indultar. Nada de esto ha hecho. Nada de esto le exige hoy la oposición.
* Autor de "¿Qué significa hoy ser de izquierda?"
