Con una sorpresiva jugada a cargo de Oscar Parrilli, el Frente de Todos reavivó el enfrentamiento en el Senado con Juntos por el Cambio luego de un breve período de concordia que no tardó en esfumarse.
A través de una convocatoria a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside, Parrilli buscó reactivar tres proyectos de autoría opositora para cambiar las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
La maniobra se gestó ante la imposibilidad del oficialismo de remover del cargo al procurador interino Eduardo Casal y avanzar con la designación de Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández a ocupar el cargo, que requiere dos tercios de los votos pero que el Frente de Todos no puede alcanzar sin el acuerdo con la oposición.
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De acuerdo a la lectura de JxC, la estrategia esconde un intento por cambiar la cláusula de los dos tercios para llevarlo a una mayoría simple, aunque el oficialismo aclaró de múltiples maneras durante la discusión que ese no era el objetivo. El propio Rafecas dijo a fines de agosto que su candidatura seguía en pie y marcó su deseo de que la Comisión de Expertos que designó el Presidente para realizar cambios en la Justicia mantenga “la exigencia de que todo candidato a procurador sea avalado con mayoría especial de dos tercios en el Senado”. En concreto, dejó entrever que no estaba dispuesto a formar parte de ninguna manipulación para cambiar las condiciones de su elección.
Los proyectos en cuestión pertenecen a la neuquina Lucila Crexell, presentados en 2019, y otro de Martín Lousteau, que ingresó al Senado en febrero de este año, antes de la pandemia y de la decisión de nombrar a Rafecas como candidato. Es por eso que ambos legisladores, al enterarse de la reactivación, pidieron de inmediato retirar sus iniciativas por considerar que había cambiado el escenario en el que se habían presentado.
Con una nota firmada por Marcelo Fuentes, secretario parlamentario del Senado, esa alternativa fue rechazada y ahora deberán esperar hasta la próxima sesión para tratar el pedido al cuerpo, con la consecuente indignación a nivel interno, ya que según dice, “así no se maneja por usos y costumbres”.
“Nos llama la atención el apuro y nos genera sospecha”, advirtió Lousteau, que pidió “encontrar en la historia de la Cámara un episodio como el que hoy está ocurriendo”. El senador radical explicó que el proyecto se presentó en momentos en que ”el Presidente hablaba de una agenda institucional y de una reforma profunda y consensuada del Poder Judicial, algo que claramente no pasó”. El texto propone entre otras cosas que el cargo del Procurador General deje de ser vitalicio y es por eso que el oficialismo buscó reflotarlo para encontrar una excusa hacia la remoción de Casal.
Desde el oficialismo, la senadora María de los Angeles Sacnún, explicó que “cuando un proyecto de ley ingresa al Senado, a través de mesa de entradas, asume estado parlamentario y una vez que ha sido incluido no puede ser retirado por la simple voluntad de un senador o senadora por más que sean los autores”.
