El expediente de la empresa de la familia presidencial Hotesur SA en la Inspección General de Justicia (IGJ), carátula 1732049, al que PERFIL tuvo acceso de forma exclusiva, confirma que incurrió en un cúmulo sorprendente de irregularidades pero gozó siempre de protección por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia, cartera de la que depende la IGJ y que controla La Cámpora a través del secretario de Justicia y candidato a intendente de Lanús, Julián Alvarez.
A pesar de que Hotesur cometió reiteradas faltas contra la normativa que regula el funcionamiento de las sociedades anónimas y se iniciaron en dos oportunidades procesos sancionatorios, la firma hotelera de los Kirchner fue beneficiada por el “cajoneo” de los respectivos expedientes.
Según explicaron a este medio abogados especializados en trámites societarios y fuentes de la IGJ, las faltas cometidas por la firma hotelera y la ausencia de sanciones son moneda corriente: los casos similares se cuentan por miles. Sin embargo, sorprende que la empresa que está en el centro de los negocios que justifican el importante aumento patrimonial de la familia presidencial durante su estadía en el poder cometa este tipo de desprolijidades.
Si se confirmara la hipótesis de que hubo una maniobra de lavado en asociación con el empresario Lázaro Báez, la existencia de este tipo de faltas menores mostraría una sensación de impunidad sorprendente. Estos “errores” de gestión fueron la hendija que utilizó el juez Claudio Bonadio para iniciar el caso caratulado “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, tras una denuncia de la diputada nacional y candidata a la presidencia por Progresistas, Margarita Stolbizer.
El 23 de marzo de 2013, la IGJ envió una carta documento a Hotesur SA, por la cual la intima a “que en el plazo de 15 días hábiles” cumpla con el requerimiento de inscribir autoridades, pagar tasas adeudadas entre 2010 y 2012, y presentar balances de los ejercicios 2008, 2011 y 2012. El procedimiento quedó en la nada.
Algo similar ocurrió después del escándalo público que siguió al allanamiento, decretado por Bonadio, de la sede social de la empresa inscripta ante la IGJ en Lavalle 975, Ciudad de Buenos Aires, que resultó ser ficticia, realizado por la Policía Metropolitana el 18 de noviembre de 2014.
El secretario Alvarez anticipó en una conferencia de prensa realizada cuatro días después del operativo que se impondría una sanción “de 3 mil pesos”.
Una resolución sancionatoria del 22 de enero de este año de la Dirección de Sociedades Comerciales de la IGJ indicó: “Sanciónese a la sociedad Hotesur SA con una multa de tres mil pesos que deberá hacerse efectiva dentro del plazo de quince días”. Además, intimó a la firma a que en idéntico plazo “cumplimente la obligación de inscribir sus autoridades, bajo apercibimiento de aplicar mayores sanciones”. Pero, otra vez, el castigo no se hizo efectivo.
Ambos países. Estos datos se suman a lo que ya había mostrado este medio en diciembre pasado: la protección para los negocios presidenciales también motivó la creación de una regulación a medida (Resolución 4/2014, del 12 de diciembre pasado) que se inició por un expediente fechado en el mismo día en que Bonadio allanó la sede social de Hotesur SA.
La norma permitió que los representantes de la firma y el resto de las empresas en falta pudieran regularizar su situación. Algo que, en el caso de Hotesur SA, sólo fue logrado en parte. El 28 de noviembre de 2014 el contador de la familia presidencial, Víctor Alejandro Manzanares, presentó una nota ante la IGJ con los balances contables faltantes. Además, pidió una prórroga para la cancelación de jurisdicción (esto es, para mostrar que la empresa se había mudado a Río Gallegos) y la inscripción del directorio.
Esto muestra que la firma fue “sorprendida” por el accionar de la Justicia, pero también deja en evidencia que hay fuertes indicios de irregularidades, porque el directorio al que se hace referencia, según la información publicada por Hotesur SA en el Boletín Oficial del 24 de diciembre último, había sido decidida en una asamblea “de fecha 26 de marzo de 2014”. ¿Por qué se solicitó una prórroga en noviembre para notificar una decisión tomada ocho meses antes?
Una contradicción más
Las contradicciones en las que incurrió la empresa de la familia Kirchner no dejan de sorprender. El lunes pasado la abogada María Cruz Ceballos realizó una presentación en el juzgado federal de Daniel Rafecas, a cargo de la causa desde el apartamiento de Claudio Bonadio. En el escrito “hizo saber” que Hotesur tenía su sede legal en el estudio de la abogada, ubicado en Avenida Leandro N. Alem 530, y explicó que sus empleados habían cometido un error cuando, durante un procedimiento, negaron que estuviera allí la sede social de la firma presidencial. Hace ya dos semanas Cruz Ceballos había anticipado que se presentaría en la Justicia para aclarar el tema.
