La oposición parlamentaria intentará nuevamente este miércoles debatir en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica el esquema tarifario de servicios públicos, tras su fracaso de la semana pasada cuando el interbloque Cambiemos no dio quórum para habilitar al sesión especial.
De hecho, el bloque justicialista, junto a los massistas, el kirchnerismo, la izquierda, y bancadas provinciales aseguraron que tienen el quórum para abrir la sesión que impulsan para esta mañana a las 11, con el fin de discutir la iniciativa plasmada en base a unos 26 proyectos que oscilaban entre atenuar las tarifas o congelarlas hasta el 2019.
Ayer a la tarde se obtuvo dictamen sobre el proyecto en un plenario de comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor, presididas por el justicialista Sergio Ziliotto y Marcela Passo, del Frente Renovador, respectivamente. Igualmente, ese texto no está en condiciones de ser abordado en el recinto con mayoría simple, porque aún le restan los dictámenes de Presupuesto y Hacienda y peticiones, las otras dos comisiones a las que fue girado, y cuyas presidencias están en manos del oficialismo.
Por eso, pese a que se logre quórum, la oposición no lograría aún aglutinar posiciones como para lograr los dos tercios de los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de iniciativas que no cuentan con dictamen de todas las comisiones a las que fueron girados.
Cambiemos ya se aseguró la presencia de todos sus diputados para la sesión de este miércoles para bloquear cualquier intento de la oposición de poder conseguir los dos tercios, y espera que en las próximas semanas haya un acuerdo con los gobernadores para que el tema tarifario no se discuta en el Congreso. La necesidad de pactar con los mandatarios se debe a que el oficialismo tiene 30 días -según se dispone en el reglamento en la Cámara- desde que se reclama que se trate un proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En relación al dictamen de las comisiones de Obras y de Defensa del Consumidor, propone que las tarifas se incrementen de acuerdo a la variación salarial y eliminar el IVA que se cobra en los servicios públicos.
